10 de abril de 2026
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Complicado

Comienza el juicio contra el cantante Piero

Está acusado por presuntas estafas cometidas cuando era funcionario del gobierno bonaerense, en 2002. La fiscal denunció maniobras dilatorias.

Por Sección Judiciales

El juicio oral al popular cantante Piero, que fue suspendido en varias ocasiones por diversos planteos de la defensa, comenzará el próximo lunes 6 de febrero, confirmaron fuentes judiciales.

El Tribunal en lo Criminal V de La Plata iniciará el procedimiento para juzgar al reconocido cantautor por presuntas estafas cometidas cuando era funcionario del gobierno bonaerense, en 2002.

Las audiencias iban a iniciarse cuando la fiscal de juicio Maribel Furnus presente los lineamientos acusatorios. Los jueces ya habían programado en junio y luego en noviembre de 2009 la iniciación del debate oral que tendría al músico ítalo-argentino Piero de Benedictis en el banquillo de los acusados, pero ambas audiencias quedaron desactivadas.

En este caso, la fiscal Furnus denunció “maniobras” para frenar la causa, entre las que incluyó un pedido de sobreseimiento.

Piero está imputado junto a tres colaboradores suyos de la Fundación Buenas Ondas por fraude a la administración pública en el manejo de subsidios para menores tutelados que debían concurrir a un centro de día.

El cantautor, icono de la juventud contestataria de los ‘70, comenzó a ser investigado por los fiscales Gabriel Sagastume y Virginia Bravo en 2002, cuando era subsecretario de Cultura bonaerense.

El artista está imputado por el supuesto manejo irregular de cuarenta subsidios que la Subsecretaría de Minoridad provincial había destinado a esa fundación para becas de estudio en una ecogranja educativa, pero, según los testimonios de los menores, éstos nunca se implementaron.

Junto a Piero -presidente de la Fundación- estarán en el banquillo tres colaboradores. Se trata de la vicepresidenta Mariana Schettini, la secretaria Susana Isabel Molinari y el tesorero Gustavo Solanas.

Los fiscales Sagastume y Bravo dieron por probado que “durante los meses de enero a julio de 2002, Piero, Solanas, Molinari y Schettini, como miembros del consejo de administración de la Fundación Buenas Ondas, defraudaron al Ministerio de Desarrollo Humano y Trabajo de la provincia de Buenos Aires, percibiendo en su provecho sumas de dinero destinadas a becas de estudio para alumnos que debían concurrir a un centro de día”.

Ese centro estaba ubicado junto a una casaquinta del cantante Piero, en la ruta 4 y la calle Corrientes de la localidad de Los Cardales, partido de Exaltación de la Cruz.

La denuncia fue formulada por la entonces subsecretaria de Minoridad, Cristina Tabolaro (familiar del fiscal que investiga el Caso Candela), quien advirtió la existencia de un convenio entre el Ministerio de Desarrollo Humano y Trabajo bonaerense y la Fundación Buenas Ondas con el cual se “le otorgaban a la institución cuarenta medias becas mensuales destinadas a la atención de niños y adolescentes en situación de riesgo social”.

Según la denuncia, Tabolaro realizó diversas inspecciones en la Fundación Buenas Ondas y constató “la ausencia de los menores respecto de los cuales se habían otorgado las becas”. En su presentación, también se incorporaron las expresiones brindadas al programa de televisión Punto.doc por varios jóvenes que figuraban como beneficiarios de las becas, pero no habían concurrido al centro educativo ni habían recibido beneficio alguno. Los fiscales Bravo y Sagastume tomaron declaración a los chicos. Los niños dijeron que los habían llevado al “campito” para “conocer las instalaciones y los cursos que se dictarían”.

Además, los fiscales dijeron que los imputados “obtuvieron los datos personales de los menores”, con los que “luego confeccionarían las planillas de rendición de cuentas presentadas en el Ministerio. Esos chicos nunca asistieron como alumnos al establecimiento”.

“Los imputados no podían desconocer la situación. Los inspectores les habían advertido sobre el escaso alumnado. La cifra era de entre 6 y 25 alumnos, lejos de la convenida con el Ministerio y las becas que percibían”, enfatizaron los fiscales Bravo y Sagastume en el pedido de elevación a juicio oral.

Fuente: Online 911

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