Un caso escandaloso de proporciones mayúsculas en la Policía ha obligado a las flamantes autoridades de la Fuerza en el sur provincial a tomar medidas urgentes. Es sabido que la Inspección General de Seguridad viene desarrollando diferentes investigaciones con resultados sorprendentes desde hace un tiempo. Pero los casos más resonantes habían surgido, fundamentalmente, en el Gran Mendoza.
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Investigan corrupción policial en el sur de Mendoza
La IGS investiga casos de corrupción en servicios extraordinarios que hacían policías a petroleras en Malargüe.
Ahora, sin embargo, las autoridades han descubierto movimientos sospechosos en San Rafael y Malargüe que derivaron en la revelación de un escándalo de corrupción sorprendente.
En Malargüe hay espacios que custodiarlos es dificultoso, especialmente, en donde desarollan sus actividades las petroleras. Por ello, muchas veces se han pedido servicios extraordinarios a la Policía de Mendoza.
El problema de los últimos años es que no existía información precisa y acabada sobre los servicios que se brindaban en esos lugares.
Cuando las supervisiones comienzan a observar movimientos de dinero muy importantes, surgió la sospecha.
Lo primero que se vio es que existía una especie de arreglo entre el o los encargados y el personal subalterno que sacaba esos servicios en los pozos petroleros.
Claramente, surgía que al derivar al personal policial a esas zonas, había policías que se ausentaban por semanas y no se podía disponer de ellos para cuidar a la comunidad sanrafaelina o malargüina.
Todo implicaba una maniobra de acomodo de horarios más que llamativo.
La dependencia que generó mayores sospechas fue la UEP (quizá esta sea una de las razones que explique que hayan decidido desde el Ministerio de Seguridad, sacar esa dependencia de San Rafael).
La liebre saltó cuando trasladaron al oficial Marchan a la Comisaría 62 de Cuadro Nacional.
Es que Marchan como encargado de servicios exraordinarios de las empresas petroleras, era la figura clave que debía ser investigada.
Allí en la 62, Marchan estaba a cargo del comisario Héctor Oldani.
Fue este quien terminó certificando la sospecha a partir de un episodio del pasado lunes.
Ese día, se presentaron unos efectivos policiales en diferentes horarios en la Comisaaría 62 y preguntaban por el Oficial Principal Marchan; como no estaba, dejaban en la guardia unossobres dirigidos a Marchan.
En todos los casos, "aducían que esos sobres contenían dinero de los gastos administrativos".
De ser cierto, eso ya era irregular porque los gastos administrativos los paga la empresa que contrata el personal policial.
Eso llevó al comisario Oldani a imaginar que esto podía ser objeto de investigación por parte de la IGS que se viene dedicando, como quedó dicho, a revisar severamente el movimiento de los servicios extraordinarios.
Oldani le informó la situación al flamante jefe de la Delegación Sur, Comisario Marcelo Calipo, quien inmediatamente tomó la decisión de ordenarle al jefe de la Departamental, Eduardo Algaba, que se sucuestren los sobres, se contacte a los testigos y se comenzaran todas las actuaciones internas, pero siempre conservando los sobres ("nadie los debe abrir") para que oportunamente y ante las autoridades correspondientes se revele su contenido.
El martes, Calipo y Oldani se presentaron en la IGS para que actuaran en la causa.
Posteriormente, Calipo viajó a Mendoza para informar de la escandalosa novedad al Director General Munives y al subdirector General Tahan, quienes respaldaron plenamente la actuación de las autoridades del sur provincial.