La fiscal de instrucción Gabriela Chaves encabezó un procedimiento en el que se secuestró documentación en la Municipalidad de Lavalle en el marco de la investigación sobre supuestos delitos cometidos por los dirigentes mendocinos de la organización Tupac Amaru. El intendente lavallino, Roberto Righi, aseguró que se puso a disposición de la magistrada toda la información requerida y aclaró que el municipio era sólo un intermediario en los planes de viviendas que llevaba adelante la agrupación kirchnerista.
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Caso Tupac Amaru: Righi dijo que el municipio era sólo un intermediario
El intendente de Lavalle expresó que los fondos para las viviendas que recibía la organización eran enviados desde la Nación o a través del IPV.
En diálogo con el programa "Sin Verso", que se emite por Radio Andina FM 90.1, el jefe comunal manifestó que "se le ha puesto a disposición todo lo que ella (por la fiscal Chaves) necesitaba para que pueda llevar adelante la investigación" y destacó que la funcionaria judicial estuvo en el edificio municipal desde las 13 de este martes hasta la noche sin inconvenientes.
El procedimiento de la fiscal se realizó en el marco de la causa que investiga denuncias de extorsiones, amenazas, estafas y una asociación ilícita contra Nélida Rojas, líder de la Tupac Amaru en Mendoza, su esposo, sus dos hijas y su hermano.
Righi explicó que en lo que respecta al manejo de fondos para el plan de construcción de viviendas que realizaba la agrupación el municipio de Lavalle sólo era un intermediario que se encargaba controlar que los beneficiarios cumplieran los requisitos para acceder a una casa.
"Eran convenios que venían directamente de la Nación y los fondos el municipio los desembolsaba de acuerdo a los avances de obra. Las inspecciones de obra se hacían de manera conjunta entre los inspectores del IPV y del municipio. Y luego el IPV enviaba los fondos al municipio para que el municipio le pagara a cada una de las cooperativas", aclaró.
Señaló que la lista de beneficiarios lo aportaba la agrupación y "nosotros chequeábamos que cumplieran con los requisitos para tener una vivienda social y enviábamos al IPV quién los cumplía".
El jefe comunal del Partido Justicialista (PJ) expresó que la Tupac Amaru conseguía los fondos y convenios por ellos mismos y que desde la municipalidad no tenían ningún control al interior de la organización.
"La organización Tupac Amaru venía ya con la gente, tenía el listado de familias a las que se le iba a otorgar. El municipio comprobaba que cumplieran con los requisitos, nada más. Ha habido problemas porque había inscriptos que no vivían en el departamento", resaltó.
Por último, Righi aseguró que no cree que haya una persecución política en la investigación que realiza la justicia a los dirigentes de la agrupación kirchnerista.
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