Hoy en el Boletín Oficial quedó promulgada la polémica ley antiterrorista que ya generó un fuerte repudio en sectores defensores de los Derechos Humanos, como Madres y Abuelas y hasta en el mismo el juez de la Corte, Raúl Zaffaroni. En esta misma línea se pronunciaron los miembros de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), quienes consideraron que la modificación del artículo 41 del Código Penal se utilizará contra las cabezas de los sindicatos.
Al respecto, Raquel Blas, titular de ATE señaló: No esperábamos esta embestida por parte del Gobierno, que lo único que provoca es dejarnos sin ningún tipo de garantías en las protestas.
La gremialista se refiere al vago concepto de terrorista que indica el ya mencionado artículo 41, al señalar que "cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo.
 Las protestas, en el ojo de la tormenta. |
Con esta interpretación, no queda claro qué tipo de acto puede llegar a ser considerado atemorizante para la sociedad, por lo que Blas indicó que lo que se siente es que vamos a sufrir más de lo que veníamos sufriendo".
"Los dirigentes que peleamos vamos a pagar con nuestra libertad personal la lucha, porque esta ley va a ser utilizada para encarcelar a quienes protestan, como ha ocurrido en otros países, como Chile, con los estudiantes y los mapuches, dijo la sindicalista.
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