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Con duros cuestionamientos, el PJ aprobó el proyecto de prisiones preventivas

El Senado le dio media sanción al proyecto de reforma del Código Procesal Penal que envió el Gobierno. Debe tratarse en Diputados.

El bloque justicialista del Senado criticó duramente el proyecto de prisiones preventivas que propuso el oficialismo, sin embargo lo aprobó en general. Con advertencias de inconstitucionalidad y peligro de violaciones de derechos y garantías, el principal partido opositor votó a favor de la norma en general con rechazos en algunos artículos.

Sin embargo, el oficialismo al tener mayoría propia, logró avanzar con esta media sanción a pesar del rechazo de los dos legisladores del Frente de Izquierda. Así, el proyecto de reforma del Código Procesal y Penal que propuso el gobernador Alfredo Cornejo el 1 de mayo será enviado a Diputados, donde podría convertirse en ley el próximo miércoles.

La postura del Justicialismo fue al menos llamativa ya que hizo reparos fuertes sobre el proyecto, pero terminó acompañándolo en general. La justificación es que se opuso en algunos aspectos en particular.

Las voces más duras en contra del proyecto que busca darle objetividad a los criterios para las prisiones preventivas en casos de riesgo procesal, flagrancia, reiterancia y reincidencia, agilizando los tiempos de decisiones, con la incorporación de procesos orales y la participación de la víctima; fueron las de los senadores justicialistas Luis Böhm y María José Ubaldini; y de la senadora del Frente de Izquierda, Noelia Barbeito.

" Va a generar una denuncia de violación de los derechos humanos", fue la primera advertencia de la senadora María José Ubaldini (foto izquierda). "Es una ley inconstitucional", fue la segunda y se le sumó "la situación de hacinamiento y violencia en las cárceles". 

Sin embargo, en general acompañó la iniciativa, aunque votó en contra de algunos artículos. "Van a haber daños y perjuicios que vamos a tener que pagar los mendocinos. Es una irresponsabilidad que no hayan participado de los debates los especialistas", agregó.

"Es una modificación parcial e incompleta que no resuelve el problema de la inseguridad porque  no se resuelve desde el derecho penal. Es una demagogia política que no tiene efectos prácticos. El recrudecimiento de las prisiones preventivas se ha adoptado en los gobiernos totalitarios y fascistas", advirtió.

En el mismo sentido se pronunció su correligionario Luis Böhm, que destacó la "buena intención del gobierno" y que "incorporó los procesos orales, la participación de la víctima y el achicamiento de los plazos", pero cuestionó que el artículo 3 "está al borde de la constitucionalidad".

"En algunas cosas este proyecto roza situaciones que son difíciles de explicar desde el sentido común. Las leyes de seguridad que mandó el gobernador son un esfuerzo por posicionarse como el sherif de Mendoza, en una actitud demagógica. Es curioso el sesgo de estas leyes", disparó.

"Son señales a corto plazo, lanza fuegos artificiales, pero se le va a terminar prendiendo fuego la cola", agregó.

Además, acusó a Cornejo de ser "el ideólogo de echarle la culpa a la Corte y el Poder Judicial y a la oposición", durante el gobierno de Julio Cobos. "Va por el mismo camino, va a tener el mismo resultado de cuando fue ministro de Seguridad, que dejó mucho que desear".

"¿Vamos a seguir jugando al gran bonete o vamos a ir a las cosas?", cuestionó y criticó la "censura de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales a la participación de especialistas".

Y tuvo momento para la poesía. "Como dice Sabina (Joaquín) que los que matan se mueran de miedo". También admitió que "la dirigencia política en su conjunto hemos fracasado".

En tanto, la senadora Barbeito junto a su par Víctor Dávila se opusieron al proyecto. "Es demagogia punitiva. Se necesitan medidas más profundas para combatir la inseguridad", sostuvo.

"Las prisiones preventivas pasarían a ser la regla. El 48% de los presos de Mendoza no tienen condena y la tasa de encarcelamiento ha ido creciendo", sostuvo.

Agregó que mientras la media nacional es de 152,3 presos por cada 100.000 habitantes, en Mendoza es de 232.  "Se necesitan políticas de salud y seguridad", destacó.

Por su parte, el justicialista Guillermo Amstutz, que también acompañó el proyecto dijo que "es conveniente" darle al gobierno esta ley. "Desde que asumieron la inseguridad ha ido aumentando", sostuvo.

Del otro lado, uno de los defensores, el radical Juan Carlos Jaliff señaló que es "un cambio profundo, contundente. Es una herramienta para los jueces, que apunta a eliminar la morosidad en la Justicia".





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