Luego de toda la investigación interna, de la que participaron funcionarios del Zoológico y otros entes del Gobierno, las muertes de 17 animales ya son investigadas por el fiscal especial Santiago Garay, en una causa que dio inicio esta semana.
La presentación la hicieron días atrás las autoridades del Zoo, con su directora, Mariana Caram (foto abajo), a la cabeza. Estos indicaron que, de acuerdo a sus estudios, los animales fueron envenenados.
Ahora bien, el Código Penal tiene una particular forma de tratar estos temas. Es que para la ley, los animales son cosas, por lo que en caso de que se confirme eso, la causa podría ser calificada como un daño, que tiene una pena menor y es excarcelable.
En su presentación, el Zoo dio a conocer una serie de pericias que realizaron expertos en la materia, demostrando que, presuntamente, los 17 animales fueron afectados por una especie de insecticida que venía en los fardos.
Fuentes judiciales dijeron que ese veneno está prohibido en Europa y Estados Unidos, y que en este caso, posiblemente, hayan sido metidos en el alimento de los animales, intencionalmente.
El personal judicial que trabaja con Garay solicitó a las autoridades del Zoo que envíen todos esos informes, y posiblemente en las próximas semanas, declaren el forense y otros expertos que trabajaron en el tema.
Los sabuesos admitieron su sorpresa por el contenido de la causa, y admitieron que hay pocos antecedentes de casos de este estilo en nuestra provincia.
Ahora bien, cómo se calificaría este tipo de hechos. Judicialmente sería un daño, que se puede agravar por la Ley Sarmiento, pero que no tiene penas que superen los 4 años, y mucho menos que sean efectivas.
Otra posibilidad es que el veneno haya sido colocado sin intención, por lo que en ese caso podría enmarcarse en una omisión de los deberes que tienen los empleados del Zoo.
La muerte de 17 animales del Zoo hizo movilizar a las nuevas autoridades de este centro turístico, que hasta pidieron la emergencia ambiental, a principios de marzo.
Esto fue aprobado por el gobernador Alfredo Cornejo, destinando así más de 2 millones de pesos para este organismo, con el objetivo de normalizar la situación.
A su vez, el caso tuvo movimiento hasta en la Fiscalía de Estado. Hay quienes afirman que la muerte de los animales tiene tintes políticos, por el cambio de gestión. Lo cierto es que, a simple vista, pareciera que se empieza a confirmar que los animales fueron atacados con un veneno, aunque la Justicia no tenga las armas para culpar duramente a los culpables.
¿Creés que en este tipo de casos el Código Penal debería tener otro castigo?
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