La Suprema Corte de Justicia de Mendoza emitió un fallo en el que suspende una resolución del nuevo directorio de OSEP en la cual se echó a una contadora de San Rafael que trabajaba en la obra social. Este es el primer fallo del máximo tribunal provincial sobre los despidos en la obra social de empleados públicos, en donde en los últimos meses se registraron al menos 35.
La Sala Primera de la Suprema Corte de Justicia hizo lugar a una medida cautelar solicitada por una contadora de San Rafael echada de OSEP a principios de febrero. El tribunal ordena la suspensión de la Resolución Nº 106 de OSEP, fechada el 1 de febrero de 2016, que daba de baja a la mujer en la administración pública.
Esa resolución endilgaba una serie de vicios en el pase a planta permanente que había conseguido la contadora ya que establecía que no había concursado el cargo. Y ante esta irregularidad, el nuevo directorio de OSEP declaraba inexistente el acto de origen (nombramiento) y dieron de baja a la mujer.
El fallo de la Corte, que lleva la firma de los ministros Julio Gómez, Alejandro Pérez Hualde y Jorge Nanclares, deja sin efecto la resolución que determina la cesantía de la contadora y deja firme la primera resolución que la nombraba en planta permanente. De esta manera, la mujer volverá a su cargo mientras dure el proceso judicial, hasta que haya una sentencia definitiva de la Corte.
A comienzos de marzo, la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) realizó varias presentaciones ante la justicia por despidos en la OSEP.
Claudia Iturbe, secretaria gremial de Ampros, sostuvo que hasta el momento hay 35 despedidos, la mayoría administrativos. En tanto, el apoderado del gremio, Carlos Alico, indicó a Sitio Andino que hay 7 casos judicializados de profesionales de la salud despedidos de la obra social y agregó que hay más casos que están en vía de judicializarse.
Con respecto al fallo de la Corte, Alico sostuvo que "sólo resuelve un caso en particular" pero que establece criterios que pueden ser sostenidos en otros casos. Este caso tiene la particularidad de ser la primer medida judicial en contra de los despidos de la obra social estatal.
Por su parte, Iturbe indicó que este fallo "va a beneficiar a todos los profesionales de la salud que han echado de OSEP ya que en ninguno de los casos ha habido fundamentos ni investigación para despedirlos".
