Este martes el Gobierno nacional declaró la Emergencia en Seguridad Pública para todo el territorio del país. Sin embargo para que las medidas que implica esta norma tengan vigencia en Mendoza, nuestra provincia debe adherir al decreto nacional.
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Cornejo considera positiva la emergencia en seguridad
El gobernador analiza el decreto presidencial que se lanzó este martes para definir la adhesión de Mendoza a la medida.
El decreto firmado por el presidente Mauricio Macri está destinado a "combatir el delito complejo y el crimen organizado" como son la producción, tráfico y comercialización de estupefacientes, el contrabando de armas y drogas, delitos en relación a una asociación ilícita, financiación del terrorismo, extorsión y trata de personas, entre otras modalidades delictivas.
Para que tenga validez en Mendoza, la provincia debe adherir a este decreto presidencial a través de un decreto del gobernador Alfredo Cornejo. Desde la Gobernación indicaron que están analizando los detalles del decreto, y una vez que se tenga una definición sobre el mismo se va a tomar una decisión.
No obstante, desde el entorno de Cornejo manifestaron que al mandatario "le parece muy positiva la declaración de la emergencia a nivel nacional porque demuestra que el gobierno está interesado en solucionar la problemática y por primera vez un gobierno reconoce esta situación".
La emergencia implica reforzar el control del espacio aéreo, convocar a personal retirado de las fuerzas de seguridad, dotar de dispositivos materiales, técnicos y tecnológicos el control en las fronteras, mejorar la radarización y otras medidas excepcionales, por el plazo de un año.
Se establece la aprobación de Reglas de Protección Aeroespacial, cuya autoridad de aplicación serán las FFAA. Las mismas podrán ser usadas en todo el sector de defensa aeroespacial del territorio de la República Argentina. Las medidas comprendidas están "orientadas a identificar, advertir, intimidar y hacer uso de la fuerza (como último recurso) a vectores incursores en el espacio aéreo Argentino". Esto es lo que se conoce como Ley de Derribo.
En tanto, se acuerda que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires enviarán sus respectivas estadísticas criminales actualizadas al Ministerio de Seguridad, esto quiere decir que se unificará el registro de las actividades ilícitas que se cometan en todo el país.
Asimismo, se convocará a personal retirado de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía Aeroportuaria. Sin embargo se aclara que "en ningún caso podrá reintegrarse al servicio personal retirado que haya sido condenado en causas vinculadas con delitos de lesa humanidad, que se encuentre procesado penalmente, o que haya pasado a retiro obligatorio por razones disciplinarias".
Se reforzará la radarización en la frontera y se autoriza la adquisición del material indispensable para incrementar la vigilancia de la frontera fluvial, los puertos y los espacios marítimos de jurisdicción nacional.
Además, se creará el Gabinete de Seguridad Humana, que tendrá como tarea coordinar las atribuciones de cada cartera respecto de los aspectos concurrentes a la emergencia, "en orden a lograr la ejecución de las políticas de Estado en materia de seguridad y lucha contra el delito, crimen organizado, corrupción, trata de personas y narcotráfico".