El gobierno de Alfredo Cornejo tiene un plan para hacer frente a la crisis vitivinícola que afecta a Mendoza. La estrategia incluye la acción en varios frentes con el propósito de eliminar excedentes vínicos (hay unos 200 millones de litros de sobrestocks), que presionan a la baja a los precios, y medidas que mejoren la rentabilidad de la producción por el lado de la reducción de costos.
El nuevo subsecretario de Agricultura y Ganadería, Alfredo Aciar, fue quien adelantó la seria de medidas que tomará el gobierno, que va desde la renegociación y ampliación del acuerdo Mendoza San Juan, el uso de excedentes vínicos para la fabricación de biocombustibles, prohibición y control de plantación de variedades comunes y tintoreras, la negociación con la Nación de subsidios para reducir el costos de los fletes y la emisión por ley de un bono nacional.
Uno a uno estas son las medidas y líneas de acción que se vienen:
1-Renegociar el Acuerdo Mendoza / San Juan.
El primer paso se dará esta semana con la reunión de funcionarios de Mendoza y San Juan para rediscutir el Acuerdo Mendoza / San Juan, que año a año fija un cupo obligatorio para la diversificación a mosto. El acuerdo va a seguir, pero a partir de ahora la idea es ampliarlo. Se va a dejar de lado a las uvas varietales y de alta calidad y el acuerdo se centrará en las uvas comunes o criollas. Sobre este universo se exigirá la diversificación a mosto, la exportación o la destilación en un porcentaje a consensuar con San Juan. El nuevo acuerdo incluirá entonces distintas opciones para diversificar el destino final de las uvas. Se hablará de diversificación mixta.
2- Regulación de las plantaciones de criollas y tintoreras.
El nuevo gobierno controlará y regulará la plantación de uvas criollas y cerezas, que se usan para mosto o vino blanco escurrido, que hoy no tiene mercado. Y también, adelantó Aciar, se va a regular la plantación de uvas tintoreras, que se usan para colorar vinos blancos y esto atenta contra la calidad del vino en general. El objetivo es controlar este tipo de cultivos, que no crezcan las hectáreas cultivadas y que con el tiempo estos productores vayan reconvirtiendo. Se habla de un total de 10.000 hectáreas en Mendoza de uvas criollas o cereza que no tienen mercado (no haciendo mosto o vino) con un total de 2.000 productores.
3-Excedentes vínicos para biocombustibles.
El plan es ingenioso. Mendoza va a solicitar formalmente al nuevo ministro de Energía, Juan José Aranguren, que eleve el porcentaje de biocombustibles con el que se cortan los combustibles líquidos en la Argentina. La idea es subir del actual 8% al 10%. Con eso, la idea es usar el vino blanco excedentario para la fabricación de biocombustibles y todo se podría hacer en la refinería de Luján de Cuyo. Con esto se podría abrir todo un nuevo mercado para sacar excedentes de vinos fabricando biocombustibles.
4-Subsidios al flete.
El Gobierno de Mendoza volverá a insistir, más allá de la quita de las retenciones (hoy el vino paga 5%, con la devolución descontinuada del 2,5%), con subsidios al flete. El objetivo es hacer más rentable la oferta exportadora de vinos y mostos, por lo que es clave obtener costos más bajo del transporte de carga. Esa es una gestión que se hará ante la Nación, según confirmó Alfredo Aciar.
5-Un bono para retirar excedentes.
El ex titular del INV y ahora diputado nacional por Mendoza, Luis Borsani, presentó en el Congreso un proyecto de ley para emitir un bono por unos $600 millones con el que se podrían sacar los 200 millones de litros que hoy tiene como excedente la vitivinicultura. Se necesita una ley nacional porque el objetivo es que este título tenga valor de mercado y que se puede usar para el pago de impuestos nacionales. El Estado Nacional emitiría un bono con que el que se compraría el excedente de vinos a un precio de $3 el litro. El productor puede usar este bono para pagar impuestos o bien venderlo para que otro lo use para cancelar sus obligaciones. La duda con esto es que se necesita una ley nacional y por lo pronto habría que esperar al inicio de las sesiones ordinarias en el Congreso, allá por marzo del 2016, para que empiece a ser estudiado. Antes no porque no habrá sesiones extraordinarias.