Se dio inicio en la mañana de este jueves a los alegatos del juicio oral y público por la desaparición de Soledad Olivera, la chica de 28 años oriunda de 3 de Mayo en Lavalle, que no aparece desde finales de 2011 y que no se sabe nada de su paradero. Mariano Luque es el único imputado en la causa y la querella exigió por 20 años de prisión como castigo.
En aquel entonces, según lo que pudieron expresar los distintos testimonios durante los interrogatorios por parte de los magistrados y los abogados, entre la víctima y el supuesto victimario había existido un vínculo amoroso, el cual no había llegado a un buen puerto y desde hacía un tiempo las cosas no andaban del todo bien.
Durante esta jornada, el fiscal de Estado, Darío Tagua, encausó la carátula como "privación ilegítima de la libertad", agravada por el tiempo en que Soledad lleva desaparecida. Tagua marcó como fundamentales los dichos de las hermanas de Olivera y aseguró que justamente ella se dirigió a la casa de Luque, quien la tomó cautiva.
El letrado, por su parte, hizo referencia a otro indicio de vital importancia desde su visión. Habló de los más de 10 mensajes que hubo entre ambos durante el día del hecho trágico y los predecesores textos, donde Olivera recibía amenazas permanentes tales como "dejalo al papá de los chicos o ya vas a ver quién soy", o bien "sos una hija de perra", entre otros.
Fernando Peñaloza, querellante en la causa, tuvo como bases sólidas de sus reclamos hacia la corte la violación al derecho a la vida y, sobre todo, la violencia de género impuesta por Luque a Soledad. Dejó en claro, que no necesariamente debe estar el cuerpo de la víctima para poder ajusticiar al acusado como el probable homicida.
Es por eso, que Peñazola volvió a reiterar el pedido que hizo, en el inicio de la presente contienda judicial, con relación a la modificación de la carátula desde la "privación ilegítima de la libertad" hacia la del "homicidio simple", la cual implica un mínimo período de tiempo de no menos de 18 años de prisión.
En tanto María del Carmen Aguilar, defensora del único imputado, dirigió las acusaciones en torno a su defendido para el lado de las impericias judiciales. Habló de la falta de precisión de las pruebas presentadas y declaró que éstas no pueden ser tomadas como indicadores, teniendo en cuenta el poco estudio de otras perspectivas dentro del litigio.
Aguilar destacó que el Estado debe dar las respuestas concretas, si es que se lo acusa de homicidio a Luque, de dónde cometió el hecho y cómo lo llevó a cabo por ejemplo. La abogada sostuvo que a Mariano se lo ha puesto en un lugar, donde bien podrían estar otros protagonistas dentro de la historia, que tiene a mal traer al departamento.
El desenlace y la sentencia final se conocerá el próximo miércoles 2 de septiembre a las 9 de la mañana, mientras tanto Mariano continúa preso. Allí se resolverá si en definitiva la justicia de Mendoza lo sanciona o no con la pena provista de 6 años si es de "privación ilegítima de la libertad", o lo hace con la de "homicidio simple", la cual implica más de 18 años.
El fiscal de Estado, Darío Tagua, hizo referencia a la situación psicológica del imputado. Contó, que los estudios determinaron que Mariano Luque es una persona con altibajos emocionales, sobre todo, "cuando no logra imponer su voluntad".
El 21 de agosto, las autoridades se dieron cita a 3 de Mayo, el lugar de los hechos. Allí pudieron contrastar algunas cuestiones puntuales sobre lo declarado por los testimonios y se encontraron con varias contradicciones, que la defensa de Luque pidió se tuvieran en cuenta para sentenciar.
La querella envió un mensaje a quienes debían actuar con rapidez por el caso de Soledad y los culpó de tener "dormido" el expediente durante nueves meses en las oficinas. En este sentido, luego de un tiempo, la Justicia mendocina investigó al fiscal Darío Nora, encargado de llevar adelante las labores, para conocer los motivos del retraso en los trabajos respectivos.
