Mucha polémica generó el último plan de pagos lanzado por el Gobierno para dar facilidades a deudores de impuestos provinciales. El Ejecutivo redujo casi al 100% los intereses para que cancelen sus compromisos de Inmobiliario, Automotor y Sellos. Ahora, desde la UCR piden que se derogue el decreto y argumentan que afecta los intereses de Mendoza.
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Senadores radicales quieren anular el plan de pago de la ATM
Un grupo de legisladores pretende que las facilidades lanzadas para los morosos se deroguen. Aseguran que es inconstitucional.
Es una iniciativa de los senadores Sergio Moralejo, Jorge Palero y Juan Carlos Jaliff (foto) que piden que se de marcha atrás al decreto 1.325 que se publicó este miércoles, en el que el Gobierno establece la aplicación de un "plan de facilidades especial, que permita la regularización de las deudas tributarias y no tributarias, con una reducción de intereses resarcitorios y multas" y que ya fue acogido por más de 800 personas en apenas un día.
Según los radicales, esta medida "afecta los intereses de la Provincia" y denuncian que es "son inconstitucionales los considerandos que lo sostienen como también la errónea aplicación de las normas fiscales de la Provincia".
"El decreto enunciado determina una quita de intereses y multas de deudas que los contribuyentes posean con el fisco provincial, aduciendo que tal facultad se encuentra establecida en el articulo 43 del código fiscal de la provincia, lo que es falso, ya que el citado artículo solo faculta al Poder Ejecutivo en su inciso b) a otorgar quitas, esperas y a celebrar acuerdos previa vista de la Fiscalía de Estado. Esta facultad es excepcional, no de carácter general, y de interpretación netamente restrictiva por cuanto se dispone de recursos del estado que han sido considerados en la pauta presupuestaria y forman parte de los activos del Estado Provincial", argumentaron los legisladores en el proyecto.
Mientras tanto, el propio gobernador Francisco Pérez defendió el viernes la medida, asegurando que es "legal y legítima". Y aseguró que "no desfinancia al próximo gobierno. Al contrario, lo fortalece porque servirá para cancelar deudas". A la vez que negó que se trate de una moratoria.
Por el contrario, los radicales sostienen que "la Ley de Responsabilidad Fiscal N° 7314 establece en su artículo 46 la prohibición en los últimos tres trimestres de gestión dictar normas que aumenten el costo fiscal teórico".
"El decreto excede las facultades del Poder Ejecutivo y avasalla las facultades del Poder Legislativo. Dispone los activos públicos, como son sus tributos en cualquier forma de determinación de los mismos (no solo capital sino intereses y multas)", agregan.
"No solo perdona intereses sino también multas y financia hasta las retenciones practicadas y no depositadas. En este último caso la gravedad está en que, indirectamente, permite que particulares e inclusos organismos públicos obligados a efectuar retenciones de impuestos a sus proveedores se hayan financiado con fondos que le pertenecen al Estado que no ingresaron en tiempo y forma. Y el decreto le habilita depositarlo en cuotas casi sin intereses, ni multas; licuando el activo del fisco por el proceso inflacionario y disponiendo en exceso del uso de sus facultades", agregan.