Pidieron fuertes condenas para los 11 acusados de trata de personas

En el caso de Solé (foto), para los abogados, hay una llamada contundente donde reconoce que lo que hacía estaba penado por la ley de trata y sabe las consecuencias que podrían dejarlo tras las rejas.

Asimismo, para el ministerio se encuentra “absolutamente comprobado que se incurrió en el delito de trata”, ya que se constató la vulnerabilidad de las mujeres que eran cometidas a la explotación sexual.

“Hoy no se discute si prestaron o no consentimiento las víctimas”, aclaró la fiscal Santoni en relación a la modificación de la ley 26842.

“En este delito participaron González y Prado, las dos personas de mayor confianza de Solé”, precisaron.

Para el ministerio público, la mujer fue quien dirigió el prostíbulo y se hacía cargo de las comisiones. Por esto sabía los riesgos y peligros que sufrían las mujeres. El hombre, en tanto, se encargaba de la compra de insumos y del mantenimiento del lugar.

En relación al inspector municipal Raúl Cuquejo, aseguran que adaptó sus actividades de control al servicio de la organización criminal dedicada a la trata de personas, ya que tenía información sobre los lugares que se iban a inspeccionar a la noche.

“A Solé le era necesario tener cobertura porque era un sistema clandestino donde la ley es del que somete, del que tiene los contactos. No había nada librado al azar en una organización criminal en la cual una persona logra hacerse millonaria en poco tiempo”, dijo Alcaraz en alusión a Solé, a quien le secuestraron alrededor de $2 millones, cuyo origen no pudo explicar.

Al ginecólogo Osvaldo Pastorino lo acusan de un aborto y de ser el médico exclusivo de las 30 víctimas, cuyo trabajo era fundamental para el funcionamiento del prostíbulo.

En cuanto a Gustavo Torres, personal de mantenimiento y pareja de una de las víctimas, lo acusan de someter sexualmente a la mujer e incurrir en violencia de género.

Sobre el personal de seguridad, los abogados los acusan de participación secundaria, ya que si bien su trabajo podía realizarlo otra persona eran quienes acompañaban a las mujeres cuando debían prestar servicios en domicilios particulares.

Pedido de penas

En cuanto al pedido para los 11 imputados, para la fiscalía deben ser sentenciados:

Sebastián Solé: por el delito de trata y explotación de personas agravado en concurso real con cohecho activo y participación primaria en aborto, la pena de 12 años de prisión.

Paola González: por ser partícipe necesaria en el delito de trata 8 años de prisión.

Cristian Prado: por ser partícipe necesario en el delito de trata 8 años de prisión.

Para Emiliano Salinas, Sergio Guzmán y Saúl Segura: 4 años de prisión por participación secundaria del delito de trata.

Para los efectivos de la Policía Federal Ángel Arias y Nelson Bravo, como para el inspector municipal Raúl Cuquejo: 8 años por cohecho pasivo en concurso real con el delito de trata. Además pidieron la inhabilitación perpetua y $50 mil de multa.

Para el médico Osvaldo Pastorino: solicitaron 9 años de prisión por el delito de aborto en concurso real con el delito de trata y 18 años de inhabilitación.

Gustavo Torres: 8 años de prisión por el delito de trata.

Asimismo, solicitaron el decomiso del inmueble de calle 25 de mayo donde funcionó el prostíbulo, el secuestro de muebles, computadoras, dinero y armas de fuego hallados en los allanamientos tanto en el local como en el domicilio de Solé. Como así también que se indemnice a las víctimas con el efectivo encontrado proveniente de la explotación sexual.

Tras los alegatos del ministerio público se escuchará a la defensa de los acusados.