6 de noviembre de 2026
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Personal del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) llevó adelante durante casi dos años una evaluación de la información disponible sobre las transferencias de fondos públicos hacia proveedores de gas, empresas de transporte de pasajeros (colectivos) y productores de alimentos de consumo masivo.
l cabo de la investigación, que contó con el auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y cuyos resultados se pueden consultar en una página web que acaba de lanzar CIPPEC, la ONG concluyó que la falta de información y transparencia en la asignación de subsidios afecta sobre todo a los más pobres, al provocar una pérdida de eficiencia, y genera un contexto más propicio para actos de corrupción.
Para garantizar transparencia, "la información tiene que ser visible, fácil de localizar (en internet, por ejemplo),
verificable y utilizable", planteó la directora del Programa de Política Fiscal de CIPPEC, Luciana Díaz Frers, requisitos que no lograban cumplir -por lo general- las dependencias estatales consultadas durante el trabajo.
El total de transferencias a empresas de colectivos mediante el fondo fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte (SIT) y las realizadas por la ya extinta Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) ascendieron 5.609 millones de pesos en 2009, lo que representa un 2,5% del gasto devengado de ese mismo año.
"Por eso, es fundamental que estas transferencias sean asignadas bajo condiciones de total transparencia, para que no se desvirtúe su objetivo inicial", resaltó CIPPEC, que agregó que, por ejemplo, "no se publican beneficiarios" en el registro estatal sobre proveedores de gas.
En escenarios poco transparentes, la gestión de subsidios resulta más vulnerable a hechos de corrupción, generalmente por la combinación de tres elementos: discrecionalidad, asimetría de la información (que favorece a los más poderosos con capacidad de lobby) y dificultades para ejercer un control del dinero destinado a fondos fiduciarios.
En la Argentina, los subsidios al sector privado representaron casi un 14 por ciento del gasto público de acuerdo con el Presupuesto nacional de 2010, antes de que el Gobierno anuncie este mes una reducción de partidas del orden de los $600 millones para ahorrarse dinero.
Sin embargo, a diferencia de la mayor parte del Presupuesto, asignado a salarios, jubilaciones y pensiones, servicios de la deuda y otros fondos, su ejecución está sujeta a una "mayor discrecionalidad", indicó CIPPEC.
Juegos de poder y fondos fiduciarios
Otro elemento que favorece a la vulnerabilidad de la gestión de subsidios son los intereses de determinadas empresas o sectores en acceder y beneficiarse con estas transferencias, presionando para que subsista cierta "asimetría de información" sobre la existencia de los fondos en busca de excluir de la contienda a otros potenciales beneficiarios.
Y en algunos casos, como el que involucra a los proveedores de servicios públicos de transporte de pasajeros y gas, se suma un tercer factor para tomar en cuenta: la administración de estos subsidios está a cargo de fondos fiduciarios.
Por lo tanto, si bien sus recursos proveen del sector público, por su carácter extra-presupuestario, "no forman parte de ninguna cuenta del Tesoro o del sistema de cuotas del Consejo Económico, herramientas centrales para controlar el gasto" y garantizar una tarea cristalina, consignó CIPPEC.
Los investigadores a cargo del estudio, cuyos resultados se presentaron esta semana en la sede de la ONG, en esta Ciudad, concluyeron además que una asignación más transparente de los subsidios al transporte y a los productos agropecuarios podría generar un incremento en el PBI per cápita de entre el 3,1% y el 1,5%.
El objetivo del relevamiento efectuado durante más de un año y medio por CIPPEC fue promover la transparencia en la asignación de subsidios y desarrollar herramientas de políticas públicas con el propósito de avanzar hacia esa meta.
Sin embargo, tanto Díaz Frers como Eugenia Braguinsky, especialista en Acceso a la Información de CIPPEC, lamentaron no haber encontrado el eco deseado de parte del Estado para trabajar en forma conjunta.
"La falta de transparencia afecta sobre todo a los más pobres", planteó Braguinsky, al presentar en sociedad una página de internet que ofrece un detallado compendio de los datos que CIPPEC logró reunir durante su investigación (se trata del sitio web www.modelosubsidios.com.ar).
La ONG, de esta manera, "demostró que es posible gestionar información en forma centralizada", comentó la especialista con respecto a la página web y planteó que se trata de "una tarea que debería hacer el Estado".
El ex fiscal anticorrupción Manuel Garrido, flamante diputado nacional electo en los comicios de octubre pasado, también tomó parte del estudio de CIPPEC, como investigador asociado del Programa de Transparencia.
Fuente: NA.
