Los partidos opositores de la provincia volvieron a unirse con un objetivo en común: protestar por el decreto del gobernador Francisco Pérez que niega el financiamiento publicitario de las PASO. Así, UCR, PRO, Partido Demócrata, ARI, Socialismo y Libres del Sur presentaron un pedido de inconstitucionalidad en la Corte contra el decreto 2.400.
Así, tal como lo habían anunciado hace semanas, los partidos opositores siguen firmes en su determinación de que es el Estado el que debe financiar las campañas políticas.
Sucede que si bien el radicalismo logró incluir en la media sanción del Presupuesto 2015 $40 millones para publicidad, el Gobernador negó ese aspecto y el PJ ya avisó que la pauta de gastos no será tratada hasta después de las elecciones, echando por tierra la posibilidad de que la Legislatura obligue a financiar la publicidad.
De esta forma, como ni el Ejecutivo ni el Legislativo puede darles la respuesta esperada, los presidentes de los principales partidos opositores de Mendoza (salvo el Frente de Izquierda y el Frente Renovador) presentaron un pedido de inconstitucionalidad que, esperan, se resuelva pronto antes de los comicios.
Venimos a cuestionar artículos del 2.400, tal como habías hecho en una conferencia de prensa. Realizamos un rechazo unánime a un decreto que pretende modificar una ley. Recordamos que el mismo oficialismo propició esta ley y después intentó eliminar artículos, dijo Sergio Pinto, presidente de la UCR, en la puerta del Poder Judicial.
Ante una situación aparentemente adversa de cara a las elecciones el oficialismo quiere habilitar la posibilidad de financiamiento privado, que es un recurso cuantioso, para poder seguir en el poder. Está claro que los privados no financian gratis y después quieren recuperar la inversión con favores o negociados, agregó el titular del radicalismo provincial.
En cuanto al camino que deberá afrontar el pedido de inconstitucionalidad, en primer lugar el texto que se ingresó por mesa de entradas de la Corte Suprema deberá pasar por asesoría de Gobierno y Fiscalía de Estado, para luego terminar en el máximo tribunal. No existe un plazo determinado para que la Corte decida sobre el tema, aunque los opositores esperan novedades antes de las elecciones PASO.