Si bien la causa por la desaparición de Soledad Olivera parece estar lejos de su esclarecimiento, la Cámara de Apelaciones en los últimos días dio lugar al pedido de la Secretaría de la Nación y a partir de ahora podrá constituirse como querellante.
A pesar de que el fiscal especial Santiago Garay rechazara el pedido realizado por el abogado Fernando Peñaloza para tal fin, ya que consideraba que no estaba frente a un caso de trata de personas, por lo que no existía interés del Estado Nacional, esta decisión fue rectificada por Apelaciones.
La Cámara, entonces, dio lugar al recurso, por reconocer que existió violencia de género, y que la misma es una violación a los derechos humanos y como violación directa a uno o más de los derechos consagrados por los tratados internacionales de derechos humanos.
Asimismo, la Cámara agrega que se trataría de un hecho que debe ser calificado como de violencia contra la mujer. Siendo esto así, nos encontramos -conforme lo afirmado por la propia Convención en su preámbulo- frente a un hecho que sin dudas, constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, que además por la circunstancia de tratarse de una desaparición prolongada en el tiempo más allá de lo razonable, hace que el presente caso tenga la nota de ser grave y de provocar una gran alarma y conmoción social, sobre todo en la comunidad del Departamento de Lavalle, donde se sucedieron los hechos, ya que, además, tiene también la especial connotación de que sucedió en este mismo lugar otro caso de características (caso Johana Chacón).
El caso
Soledad Olivera fue vista por última vez en su casa de Tres de mayo, en Lavalle el 18 de noviembre de 2011.
Ese día, la mujer, ama de casa y madre de tres chicos, salió con destino a la casa de Luis Curallanca -quien cuidaba a Johana Chacón- donde vivía Luis Luque, con quien habría mantenido una relación sentimental.
Durante la investigación, se comprobó que Luque había amenazado por mensajes de texto a Olivera y el día de su desaparición acordaron un encuentro. Por esto, el fiscal Garay ordenó la detención del hombre y lo acusó de privación de la libertad.
Por el momento, y a tres años del hecho, el destino de Soledad sigue siendo un misterio.
