El proyecto de ley de telecomunicaciones Argentina Digital, enviado por el Poder Ejecutivo, comenzará a ser debatido en la Comisión de Sistemas, Medios y Comunicación del Senado de la Nación este martes con la presencia del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; y del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.
El encuentro, que se llevará a cabo desde las 11 en el Salón Azul de la Cámara alta, contará también con la presencia del secretario de Comunicaciones, Norberto Berner, adelantó a Télam la presidenta de la Comisión, la kirchnerista jujeña Liliana Fellner.
La intención del oficialismo es que el Senado apruebe la iniciativa el 26 de noviembre y que el tema llegue ya discutido a Diputados para que sea convertido en ley antes de fin de año, por lo que se descuenta la extensión del período ordinario.
Al mencionar los alcances del proyecto enviado por el Ejecutivo al Senado, Fellner resaltó que "el negocio se abre para todos" y recordó que "hay una reglamentación que establece que cualquiera que entre para dar servicios de tecnologías de información y telecomunicaciones o de comunicación audiovisual debe cumplir con los mismos criterios y restricciones que cualquiera".
"Si bien las telefónicas van a poder dar servicios de comunicación audiovisual, las empresas que hoy brindan comunicación audiovisual también van a poder dar servicios como las telefónicas", destacó.
Durante las tres semanas de debate que se prevén por delante, Fellner remarcó que quiere "escuchar a las cooperativas y a las pymes del interior del país" porque, "más allá de que esta ley está vinculada al usuario y a su derecho a obtener una comunicación y un servicio universal, uno de los beneficiarios en los que hay que poner mayor énfasis es en las cooperativas y las Pymes".
"Ellos son los que estarán presentes muchas veces en lo que se conoce como la 'última milla' que es la relación directa que existe entre los prestadores y el cliente y es eso lo que se declara como servicio público", enfatizó.
El proyecto que reemplaza un decreto-Ley del año 1972, firmado durante la dictadura del general Alejandro Lanusse, tiene como objetivo apuntalar la competencia entre empresas de servicios, dado que una firma pyme o una cooperativa que provee internet podrá llegar a cualquier hogar del país aunque no tenga infraestructura propia.