El Concejo Deliberante de San Rafael se declara absoluto defensor de la vigencia y constitucionalidad de la Ley Nº 7722. Así comienza el escrito que surgió de la sesión de los ediles sureños en relación a la norma (polémica y resistida por muchos sectores) que frena la minería metalífera en Mendoza.
A la vez, los concejales también exhortan al gobernador Francisco Pérez y al Fiscal de Estado a "arbitrar todos los medios necesarios y agotar todas las vías tendientes al resguardo de la ley ante la Corte de Justicia de la Provincia, la Corte de la Nación y los Tribunales Internacionales que correspondan".
 Concejo Deliberante de San Rafael. |
La decisión del Concejo Deliberante sanrafaelino choca contra la postura de las asociaciones empresarias que nuclean al sector minero y que a mediados de mayo le presentaron, al presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús, un proyecto de ley para que se declare la Emergencia Minera en la provincia.
Y esto va de la mano de un pedido de modificación de la Ley N° 7722, interpretada por ellos como antiminera, prohibitiva de la actividad y posibles inversiones.
