Se trata de un pedido de ayuda y por el momento nadie parece escucharlos. Desde el pasado 14 de setiembre familiares de personas discapacitadas solicitan que la provincia se adhiera a la Ley Nacional de Discapacidad que les garantice la cobertura total de todos los tratamientos y medicamentos. Pero desde ese día, aún no obtienen respuesta.
Ayer, un grupo de 50 personas se encadenó frente a la Legislatura para solicitar que se tratara el proyecto de ley 24.901, pero en el salón no asistió el número de legisladores necesarios, y la sesión debió levantarse.
Por esta razón, y cansados de no tener respuestas, personas discapacitadas y sus familiares realizarán el próximo martes una vigilia en el mismo lugar y volverán a encadenarse para que esta vez alguien los escuche.
Lo que pedimos es que la provincia se adhiera a la ley nacional para que tanto las obras sociales como el Estado nos garantice la atención en salud, educación, capacitación y traslado de personas con discapacidad, para que eliminar la desigualdad, dijo Laura Triviño, mamá de un niño autista.
Actualmente, las obras sociales sólo cubren el 40% de los tratamientos médicos para discapacitados, mientras que los hospitales públicos no brindan atención gratuita en estos casos. En la provincia hay alrededor de 175 mil personas que presentan algún tipo de discapacidad, y sólo el 20% tiene un certificado que así lo acredite. Por su parte, en OSEP atienden cerca de 35 mil discapacitados.
El problema del financiamiento
De acuerdo a lo explicado por el diputado justicialista Gustavo Arenas, uno de los principales problemas que afronta el proyecto de ley es el financiamiento.
Todavía no hay cifras concretas y sólo se habla de estimaciones. De todas maneras, uno de los puntos que debe resolverse es el del financiamiento que, en principio, no sería por fondos de Nación, explicó Arenas.
El justicialista presentó una propuesta en la cual el dinero podría obtenerse del aporte de 102 jueces, quienes actualmente no pagan su cuota OSEP. También se barajó la posibilidad que sea financiado por parte de los Casino de la provincia y hasta de empresas privadas.
Tratamiento
De todas maneras, más allá de los problemas que aún no encuentran solución, para Arenas no hay excusas para dilatar el tratamiento. Que esto suceda significa que falta voluntad política.
En tanto, el diputado Luis Petri, impulsor del proyecto dijo a SITIO ANDINO, que ayer asistí al recinto pero desconozco las razones por las que el resto de los legisladores no concurrieron. De todas maneras, el diputado radical aseguró que el próximo miércoles volverá a acudir a la espera de que el proyecto logre tratamiento.
video