Luego de que el gobierno de Celso Jaque lanzara un ambicioso plan para garantizar el precio del vino en los mercados nacionales e internacionales y fomentar las exportaciones, algunos empresarios no se mostraron conformes con varios puntos del convenio y aseguran que deberán revisarse para asegurar los beneficios que se anuncian.
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Productores vitivinícolas no están conformes con detalles del plan de salvataje
Desde el Centro de bodegueros y Viñateros del Este ponen quejas al plan anunciado hoy por el Gobierno. Aseguran que hay puntos que no fueron consultados a los empresarios y deberán ser corregidos.
Es el caso del Centro de Bodegueros y Viñateros del Este, su presidente, Mauro Sosa, aseguró a SITIO ANDINO que se analizará la propuesta estatal, porque en algunos puntos se preguntó y consensuó con los empresarios, pero en otros no y son detalles que deberán ser considerados por los afiliados.
Además, el empresario lamentó que nuestra provincia y San Juan no hayan llegado a un acuerdo y aseguró que nunca es beneficioso que las dos provincias con mayor caudal de producción no se pongan de acuerdo, sería bueno conocer la opinión de los productores privados sanjuaninos para ratificar la postura.
En relación a los precios mínimos fijados por el gobierno para la compra de vino ($1,15 para blancos y 2,05 para tintos), Sosa opinó que si se tiene en cuenta el costo de una hectárea y el gasto operativo estos precios no nos solucionan la vida para nada.
Sin embargo, el productor reconoció el esfuerzo estatal y calificó de paso adelante con una mirada positiva a las medidas del gobierno y festejó la intervención estatal para garantizar los precios.
Por esta situación, los empresarios viñateros del este se reunirán esta noche para analizar el plan del gobierno y, si es necesario, realizar algunas sugerencias sobre todo en lo que respecta al cobro de algunos aforos y vencimientos que ,operativamente, harían que el plan no sea tan atractivo como parece en la teoría.
Los beneficios tienden a asegurar la rentabilidad del sector y la protección de medianos y pequeños productores ante el aumento del stock. Esta situación hace peligrar la estabilidad de los precios que se pagan por litro.