Las paritarias no dejan descansar al gobernador Francisco Pérez, que no logra firmar un acuerdo salarial con los trabajadores del Estado y además debe lidiar con los paros de diversos sectores como educación y salud. Sin embargo, hoy anunció que dictará la conciliación obligatoria para frenar la medida de fuerza de 72 horas para la semana que viene.
Esta mañana fue el turno de los judiciales, que al igual que el resto de los gremios rechazaron la propuesta del Ejecutivo. En este caso se ofreció para quienes cobren sueldos brutos menores a diez mil pesos una suma fija remunerativa de $500 a partir de marzo y un incremento porcentual sobre el bruto del 20% en dos cuotas y no acumulativo.
Y para los que cobren más de diez mil pesos el Gobierno ofreció un incremento del 10% del sueldo bruto, más 5% a partir de agosto no acumulativos y una suma fija de $1000 a partir de marzo.
Según explicó el titular del gremio, Carlos Ordóñez, la oferta se rechazó porque no cumple con los criterios que habían sido establecidos con anterioridad. Proponen dos nuevos adicionales no bonificables, remunerativos que no generan aumentos en la asignación de clase, explicó.
Los empleados del Poder Judicial están solicitando un incremento en la asignación de clase relacionado con la inflación a diciembre del 2014, reapertura de paritarias a mitad de año, porcentualidad salarial y los montos presupuestarios para régimen de horario único de 30 horas semanales, entre otros puntos.
El próximo martes se realizarán asambleas en las cuatro circunscripciones judiciales donde se definirá la modalidad de lucha. Además amenazaron con plegarse al paro de 72 horas de los empleados estatales, en caso de que siga en marcha la medida.
La reunión paritaria pasó a un cuarto intermedio para el lunes 31 de marzo.
