El Estado argentino finalmente compensará a la petrolera española Repsol por la nacionalización de YPF. Aunque se difundió como costo de la indemnización unos U$S5.000l millones pagaderos en bonos, computando los altísimos intereses implícitos en esos títulos el costo superará los U$S10.000l millones. Además de lo elevado del monto, el grueso de los pagos serán afrontados por los futuros gobiernos, advierte un estudio de la consultora IDESA.
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Los próximos gobiernos y no el actual serán los que paguen el 90% de la nacionalización de YPF
Aunque se difundió como costo de la indemnización unos U$S5.000 millones pagaderos en bonos, con los intereses el costo total superará los U$S10.000 millones.
· Entre los años 2016 y 2019 se pagará el 32% y entre los años 2020 y 2023 otro 34%.
· Entre los años 2024 y 2033 se pagará el restante 24% del valor final.
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Estos datos muestran que la actual gestión de gobierno sellará el acuerdo y determinará los futuros pagos, pero efectivizará apenas una porción menor de los compromisos que el país contrae. Las dos próximas gestiones de gobierno (es decir, los presidentes que gobiernen entre los años 2016 y 2023) serán las que deberán hacerse cargo de dos tercio del total de los costos que implican la estatización de YPF. Para los gobiernos subsiguientes quedará afrontar el cuarto restante del costo total. Este cronograma y las magnitudes involucradas dejan en claro que la estatización de YPF condiciona el futuro bienestar de los ciudadanos muchos de los cuales pertenecen a las generaciones por venir.
Consecuencias económicas
Las consecuencias económicas de la estatización se pueden evitar si YPF genera y distribuye dividendos que al menos equivalgan al flujo de pagos comprometidos para los próximos 20 años. Tratándose de una empresa petrolera, esto es factible, si en la administración se imponen criterios técnicos alejados de las apetencias políticas. En la región hay buenos ejemplos de empresas públicas manejadas profesionalmente como es el caso de Codelco en Chile o Petrobras en Brasil. Pero en Argentina prevalecen la improvisación y la falta de profesionalismo. El caso paradigmático es Aerolíneas Argentinas, admiten desde IDESA.
Ante los hechos consumados, el Congreso Nacional tiene la posibilidad de evitar otra hipoteca para el futuro del país. En lugar de sumarse al triunfalismo, actitud que prevaleció en la instancia de aprobar la estatización, debería trabajar en generar reglas que blinden la gestión de YPF y del resto de las empresas públicas de las presiones originadas por el amiguismo, la militancia, el oportunismo electoral y la corrupción. A la luz de los antecedentes que prevalecen en la gestión del sector público argentino, no se trata de un desafío menor. Pero sólo con transparencia y buena gestión se podrá evitar que, además de pagar los bonos de la estatización, la sociedad tenga que afrontar los costos de la mala administración, como ocurre con las otras empresas públicas. Fuente: IDESA