4 de abril de 2026
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Ocho procesados por el "Megacanje" de De la Rúa y Cavallo

El juez Ramos procesó a ex integrantes del equipo económico de Cavallo y al ex procurador del Tesoro por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública por lo actuado en el canje de deuda de 2001. Uno de los procesados es diputado nacional por el PRO.

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Por Sección Judiciales

Corría 2001 y el entonces presidente Fernando de la Rúa y su ministro de Economía Domingo Cavallo anunciaron el “Megacanje” de bonos de la deuda externa. La operación consistió en un canje de bonos con el fin de retrasar los plazos de pago de la deuda a cambio de un importante incremento en los intereses y en el monto del capital adeudado, y además, abonando a los bancos colocadores comisiones millonarias.

Aquella operación financiera fue objeto de varias denuncias judiciales que confluyeron en un expediente que, desde octubre de 2012, está en manos del juez federal Sebastián Ramos. Antes pasó por los escritorios de otros jueces. Se les reprocha a los ex funcionarios públicos el haber incrementado el monto de la deuda y haber favorecido a un consorcio de bancos que se benefició con el cobro de comisiones.

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A fines de 2013, Ramos dictó el procesamiento de ocho personas que de diferentes modos participaron junto a Cavallo en la operación del “Megacanje”.

El juez firmó el procesamiento de Jorge Amadeo Baldrich –ex Secretario de Hacienda, Julio Dreizzen -ex Subdirector de Financiamiento, Horacio Tomás Liendo-ex asesor de Cavallo-, Norberto López Isnardi –ex Director Financiación Externa de la Oficina Nacional de Crédito Público-, Ernesto Alberto Marcer –ex Procurador del Tesoro de la Nación-, Carlos Federico Molina –ex Director Nacional de Crédito Público-, Guillermo Mondino –ex Jefe de Gabinete de Asesores del Ministro de Economía- y Federico Sturzenegger –ex Secretario de Política Económica. Algunos de los procesados siguieron ocupando cargos públicos en áreas técnicas de Economía durante el gobierno kirchnerista. Sturzenegger, ex presidente del Banco Ciudad, asumió el 10 de diciembre pasado como diputado nacional del PRO por la Capital Federal.

Ramos los procesó, sin prisión preventiva, por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, ya que, según el juez, los ex funcionarios se interesaron en un negocio que favoreció a terceros, en este caso, los bancos. También se investigó el hecho de que se habría pactado con los bancos el precio de corte que iban a tener los bonos. Según expertos, el “Megacanje” aumentó (de acuerdo a las proyecciones) el monto de la deuda en 53 mil millones de dólares sumado capital e intereses.

El negocio del “Megacanje” lo armó el banquero estadounidense David Mulford, amigo de Cavallo y ex secretario del Tesoro de los Estados Unidos. El ex ministro de Economía tiene un procesamiento confirmado por al Cámara Federal por este caso y el expediente fue elevado a juicio oral y público en 2007. De la Rúa fue procesado y luego le dictaron una “falta de mérito”. En tanto Daniel Marx , ex secretario de Finanzas, fue procesado y posteriormente sobreseído. Mulford nunca se presentó ante los tribunales argentinos y tiene un pedido de captura pendiente. Planteó la prescripción del caso y el juez Ramos le rechazó esa solicitud. Los banqueros involucrados en el negocio fueron sobreseídos. El fiscal del caso es Federico Delgado quien impulsó la investigación.

En el procesamiento al que accedió Infobae en fuentes judiciales, Ramos señaló: “Debo destacar que los imputados eran representantes del Estado Nacional, con antigüedad en el desempeño de puestos laborales en dependencias de la Administración Pública en carácter de empleados y, también, en el ejercicio de la función pública al momento en que ocurrió el sustrato fáctico en cuestión. Más aún, cada uno era la autoridad máxima de las áreas que estaban a su cargo. Motivo por el cual ellos no podían desconocer el normal proceder en materia de canjes de deuda externa en lo atinente a sus respectivas especificidades, como así también debían tener la capacidad de advertir las irregularidades que se cometieron. Máxime, considerando que fueron nombrados en sus cargos públicos en razón de los conocimientos específicos que poseían en las materias en las cuales son profesionales, siendo éstos economistas y/o abogados”.

Fuente: Infobae

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