Opinión

Seguridad, un servicio, un bien social fuera de cualquier querella

La crisis social y de seguridad que aqueja a varias de las provincias que conforman la Argentina ha llegado a Mendoza, en la visión del radical Sergio Bruni.

Por Sección Política

La crisis social y de seguridad que aqueja a la nación en varias de las provincias que conforman la Argentina ha llegado a Mendoza.

Ninguna de las fuerzas políticas y sociales que hacen a la institucionalidad de la provincia, pueden mantenerse ajenas. Se debe reaccionar con premura, firmeza en las convicciones y apoyo a las instituciones

El Sr.gobernador de la provincia como  jefe de las milicias según nuestra constitución debiera convocar a los otros poderes del Estado-judicial y legislativo- a los intendentes y a las fuerzas políticas con representación parlamentaria, bajo la premisa que la seguridad es un servicio social básico, y su pérdida es un mal que aqueja a todos, pero significativamente más al hombre común que vive y se realiza en el territorio provincial y mostrarse un bloque sólido y unido en defensa de la institucionalidad de la provincia.

No deben ni pueden permitirse actos de sedición, ni amotinamientos, por quienes integran las fuerzas de seguridad de la provincia.

Quienes poseen por decisión popular el uso exclusivo de las armas y el ejercicio monopólico de la fuerza pública en representación del estado, para hacer cumplir las leyes en defensa de los derechos y bienes de las personas, tienen restricción para efectuar medidas de orden sindical.

Desde este punto de vista es preciso recordar que el Ministerio de Trabajo de la Nación citando dictámenes de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) ha dicho que “la legislación nacional de los Estados miembros podrá determinar hasta qué punto se aplicarán a las fuerzas armadas y policiales las garantías de libertad sindical” y aclara “La tarea de seguridad que la ley impone a las fuerzas armadas y policiales, a partir de una organización jerárquica vertical, en un marco de disciplina, es esencial para el mantenimiento del orden interno de la fuerza y la operatividad en el cumplimiento de los objetivos a su cargo, los que se dificultarían considerablemente a partir de la constitución de un sindicato para estas categorías”

Los hombres y mujeres que componen las policías de Mendoza,o a través de la llamada “familia policial” no pueden protestar ni marchar por las calles de Mendoza,  en procura de un aumento salarial por fuera de la paritaria del resto de la administración pública provincial, utilizando su especial posición ante la amenaza de posibles actos de vandalismo, dejando a sus comprovincianos indefensos frente al delito. Y tan grave es, que funcionarios provinciales intenten “negociar” con sectores amotinados, porque implica una pérdida de autoridad de representante de poderes legítimamente constitudos, es tan inadmisible un accionar como el otro.

Mendoza ya ha pasado por situaciones similares y tanto los poderes del estado como las fuerzas políticas que hacen a la institucionalidad, reaccionaron sin condicionamientos ni egoísmos partidarios, con la fuerza y el coraje que la hora requería, cumpliendo con el mandato constitucional y las leyes de la provincia.

Por: Sergio Bruni, abogado, ex legislador provincial

 

 

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