El gobierno de Dina Boluarte, sigue en foco en Perú.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue denunciada constitucionalmente por la fiscal general, Patricia Benavides, por su responsabilidad en las muertes de manifestantes durante las protestas antigubernamentales iniciadas a fines de 2022, y corresponde a una comisión del Congreso analizar ahora la presentación.
La denuncia constitucional ante el parlamento es "por la presunta comisión del delito de homicidio calificado en agravio de Víctor Raúl Santiesteban y otros", dijo Benavides en una alocución que compartió en redes sociales.
La fiscal hizo su denuncia horas después del arresto de su principal asesor, Jaime Villanueva, por una investigación que la señala como líder de una presunta red de corrupción que presionó para destituir a operadores de Justicia.
Benavides también denunció constitucionalmente al jefe del Gabinete de ministros, Alberto Otárola, al extitular de Interior Vicente Romero y a otros funcionarios de la administración Boluarte.
“Continuaremos con las investigaciones a todos los altos funcionarios que resulten responsables por las trágicas muertes que ocurrieron entre diciembre de 2022 y marzo de este año, así como todos los casos emblemáticos de lo que se hace cargo el Ministerio Público, porque es a ustedes, peruanos y peruanas, a quienes debemos nuestro trabajo y no a quienes intentan poner obstáculos para que se conozca la verdad", indicó la fiscal de la Nación.
Después de la destitución de Pedro Castillo de la presidencia y de la asunción en su lugar de Boluarte, el 7 de diciembre pasado, se registraron protestas y manifestaciones casi a diario en varias regiones de Perú, sobre todo en el sur.
La represión de esas protestas le valieron al Ejecutivo advertencias de la OEA y de organizaciones defensoras de los derechos humanos, entre ellos Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
"No se debe permitir la muerte de ningún peruana o peruano, así como tampoco el abuso de poder. No se puede permitir que se trate de dañar la imagen de fiscales honestos; el pueblo se da cuenta de eso", afirmó además Benavides, en alusión al escándalo que sacude al Ministerio Público.
La investigación que condujo al arresto de Villanueva incluye pruebas de que el asesor de Benavides envió a un grupo de congresistas la resolución de la Fiscalía que archivaba la investigación contra los legisladores denominados "Los Niños", y que llevó a la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Avalos.
Los fiscales supremos exigieron la renuncia de Benavides por las acusaciones de liderar una presunta organización criminal.
Para Pablo Sánchez y Juan Carlos Villena, los señalamientos contra la fiscal son "hechos graves", por lo que debe dejar el cargo para que su accionar no "afecte" las pesquisas que lidera el Equipo Fiscal contra la Corrupción del Poder.
"A fin de hacer de su conocimiento que, antes las noticias el día de la fecha, y el contenido de la resolución judicial N.° 01 (…), también de la fecha, dictada por el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional que declare fundado el requerimiento del Equipo Fiscal, en la denuncia contra el exasesor de la Fiscalía de la Nación, que la involucran a usted en la realización de hechos graves sometidos a investigación penal (…), le exigimos que renuncie al cargo de fiscal de la Nación, a fin de afectar la investigación que realiza nuestra institución", escribieron los fiscales supremos, según el diario La República.
Fuente: Télam
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