La inminente votación en el Senado del proyecto que modifica la Ley de Tierras reactivó un fuerte debate en distintos ámbitos. Especialistas en sociología, seguridad, ambiente y referentes de la Iglesia coincidieron en advertir sobre los riesgos que implicaría avanzar con una desregulación que compromete la soberanía, el control del territorio y la protección de los recursos naturales. En la previa del debate, distintas voces se pronunciaron en contra de la iniciativa impulsada por el oficialismo.
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Cambios a la Ley de Tierras: más de una razón para no vender nuestro territorio
Referentes de la ciencia, la seguridad, el ambiente y la Iglesia alertan sobre el impacto del proyecto y piden frenar la desregulación que impulsa el Gobierno.
Riesgos en las fronteras: narcotráfico y pérdida de control
El sociólogo Marcelo Bergman puso el foco en un punto sensible: la vulnerabilidad de las zonas de frontera frente al avance del crimen organizado. Según explicó, Argentina es un país de tránsito en el narcotráfico internacional y sus fronteras, extensas y difíciles de controlar, representan un área crítica.
“Quitar regulaciones en estas zonas puede facilitar que capitales de origen dudoso adquieran tierras estratégicas”, advirtió, al tiempo que alertó sobre la posibilidad de que organizaciones criminales utilicen esos territorios como bases de operaciones. En ese sentido, recordó experiencias recientes en la región, como el aumento de la criminalidad en Ecuador o los problemas en el norte de Chile.
Para Bergman, la falta de trazabilidad en los fondos y la flexibilización de controles podrían abrir la puerta a estructuras delictivas que no solo trafican drogas, sino que también operan en actividades como la minería ilegal o el contrabando. “Dentro de 10 o 15 años podemos preguntarnos qué hicimos”, planteó.
Defensa nacional y los cambios a la Ley de Tierras: el territorio no es una mercancía
Desde la perspectiva militar, el general retirado Fabián Brown fue categórico: el proyecto “desarticula los controles del Estado” y reduce el territorio a un bien comercial. En su análisis, la iniciativa elimina límites a la compra de tierras por extranjeros, debilita la identificación de los propietarios reales y elimina regulaciones en zonas estratégicas.
“El territorio es un elemento inalienable del Estado, no puede ser tratado como una mercancía más del mercado inmobiliario”, sostuvo. En esa línea, remarcó que la integridad territorial y la autodeterminación son pilares de la soberanía nacional.
Brown también advirtió sobre el impacto en áreas clave como corredores bioceánicos, pasos cordilleranos y regiones con baja densidad poblacional pero con recursos estratégicos, como la Patagonia. “El Estado no puede delegar su responsabilidad en la regulación del territorio”, enfatizó.
Impacto ambiental: retroceso en políticas clave
Desde el ámbito ambiental, la licenciada Lucía Yáñez alertó que el proyecto no es una medida aislada, sino parte de un proceso más amplio de flexibilización de políticas ambientales. En ese marco, vinculó la iniciativa con posibles cambios en leyes como la de Glaciares y la de Bosques.
Uno de los puntos más críticos es la modificación de la Ley de Manejo del Fuego, que actualmente establece restricciones para el uso del suelo en áreas incendiadas. Según explicó, el proyecto eliminaría esos plazos, lo que podría incentivar incendios intencionales para habilitar nuevos desarrollos productivos o inmobiliarios.
Además, subrayó que la Ley de Tierras surgió como una herramienta para frenar la extranjerización y proteger un recurso estratégico no renovable, por lo que su modificación implicaría un cambio profundo en la concepción del territorio. “No se trata solo de ambiente, sino de quién decide sobre nuestros bienes comunes”, planteó.
La mirada de la Iglesia: “La tierra no es una mercancía”
Desde el plano social y ético, la Iglesia también expresó su rechazo. El obispo de Chascomús, monseñor Juan Liébana, sostuvo que el proyecto “atenta contra la soberanía de la tierra y el derecho de los pueblos a autodeterminarse”.
Apoyado en la doctrina social de la Iglesia, remarcó que la propiedad privada no es un derecho absoluto, sino que debe cumplir una función social vinculada al bien común. “No estamos en contra de la propiedad, pero sí de su concentración en pocas manos”, afirmó.
En la misma línea, una carta de la Pastoral Social de la Diócesis de San Luis dirigida a legisladores nacionales expresó preocupación por la posible mayor extranjerización de tierras y la flexibilización de normas ambientales. El documento advierte que la eliminación de restricciones podría favorecer la concentración, afectar recursos estratégicos y poner en riesgo ecosistemas clave.
Además, señala que permitir el uso inmediato de tierras incendiadas podría incentivar prácticas especulativas y generar impactos irreversibles en el ambiente y las comunidades locales.
La cultura llama a unirse contra una medida “sin retorno”
La compositora, intérprete y actriz Juana Molina también se sumó a las críticas al proyecto y apuntó contra la lógica política que atraviesa el debate. “Muchas veces la gente se preocupa más por quién dice las cosas que por lo que se dice”, reflexionó, al tiempo que remarcó que no se trata de una cuestión partidaria, sino de frenar una iniciativa que considera perjudicial.
En ese sentido, sostuvo que “no importa quién impulsó la idea, lo importante es que no se haga”, y advirtió sobre las consecuencias irreversibles de la medida. “Esto no va a tener vuelta atrás si se aprueba, y nos va a perjudicar a todos”, afirmó.
Molina también hizo hincapié en el impacto global de las decisiones locales: “Lo que pasa en cualquier parte del mundo nos afecta directamente, y abrir la puerta a algo así es gravísimo”, señaló.
Finalmente, convocó a dejar de lado diferencias políticas y a manifestarse: “Tratemos de unirnos y vernos todos el 6 en el Congreso”, expresó, en un llamado a rechazar el proyecto.
Argentina no está en venta: la Ley de Tierras y un debate que excede lo económico
Más allá de los argumentos técnicos, las distintas exposiciones coincidieron en un punto central: la discusión no es solo económica, sino profundamente política y estratégica. La gestión del territorio, el control de los recursos y el rol del Estado aparecen como ejes de fondo en el debate.
“La tierra no puede ser vista únicamente como un activo comercial, sino como un bien común vinculado a la identidad, la cultura y el desarrollo del país”, fue una de las ideas que atravesó las distintas posturas de especialistas.
Con el debate en el Senado a la vuelta de la esquina, el rechazo de estos sectores suma presión sobre una iniciativa que, lejos de generar consenso, abre interrogantes sobre el modelo de país y el futuro de sus recursos estratégicos.