En Puerto Madero, León XIV reivindicó el trabajo, la justicia social y el papel del Estado, con definiciones que contrastan con el programa económico de Milei.
El Papa León XIV fu directo al centro de las políticas económicas y laborales
La espectacular y moderna sede de la Universidad Católica Argentina en el barrio más caro de Buenos Aires, Puerto Madero, fue la sede del hasta ahora discurso más político y al hueso del papa León XIV en su segundo día en la Argentina.
El encuentro del Papa con los principales representantes del sector del trabajo argentino, incluyendo a empresarios, sindicatos y trabajadores informales y de la economía popular, dejó uno de los pronunciamientos más significativos (¿y combativos?) de su visita al país.
Ante una dirigencia atravesada por profundas diferencias sobre el rumbo nacional, el pontífice reivindicó la justicia social, defendió el papel del Estado y recordó (una vez más) que la economía debe estar al servicio de las personas, y no a la inversa. Sus palabras, pronunciadas en medio de las tensiones que provoca el programa económico de Javier Milei, trascendieron rápidamente el ámbito religioso para instalarse en el centro de la discusión política.
La defensa de “tierra, techo y trabajo”, reivindicación histórica de los movimientos populares ligados a la Iglesia, constituyó el punto de partida de una intervención que recuperó los principales fundamentos de la doctrina social de la Iglesia y ratificó la continuidad con el pensamiento de Francisco. No hubo referencias personales al Presidente ni cuestionamientos directos a su administración. Sin embargo, varias de las definiciones planteadas contrastaron con las premisas del programa libertario, especialmente en materia de intervención estatal, distribución de la riqueza y derechos laborales.
Uno de los aspectos centrales del discurso fue la reivindicación del trabajo como una dimensión esencial de la dignidad humana. El pontífice rechazó que pueda reducirse a una variable económica sometida exclusivamente a las condiciones del mercado y lo presentó como un instrumento de construcción social.
En ese contexto advirtió sobre las consecuencias de la concentración del poder económico. Cuando “el dominio de pocos” termina imponiéndose como regla, sostuvo, el trabajo corre el riesgo de convertirse en explotación. La advertencia alcanzó también a una concepción del progreso que privilegia los intereses de una minoría, sin considerar sus consecuencias sociales y ambientales.
El mensaje recuperó, además, el valor de las organizaciones colectivas. Sindicatos, cooperativas y movimientos sociales fueron reconocidos como actores relevantes para sostener los vínculos comunitarios y defender derechos. Una perspectiva que se distancia de las concepciones que interpretan esas formas de representación como obstáculos para el funcionamiento de los mercados.
En esa misma línea apareció una distinción conceptual significativa: la preferencia por la solidaridad frente a una idea de caridad entendida exclusivamente como asistencia. Mientras esta última puede establecer una relación desigual entre quien entrega y quien recibe, la solidaridad supone una responsabilidad compartida y una cooperación entre integrantes de una misma comunidad.
La diferencia adquiere particular importancia en una sociedad donde el debate sobre la pobreza suele quedar reducido a la responsabilidad individual. Frente a la interpretación meritocrática según la cual cada persona obtiene aquello que merece, el discurso recuperó la influencia de las condiciones sociales y la necesidad de respuestas colectivas.
La reivindicación de la justicia social y de la responsabilidad estatal constituyó otro de los pasajes de mayor contenido político.
El Papa presentó al Estado como una institución necesaria para ordenar la convivencia, promover una distribución más equitativa de los recursos y garantizar derechos fundamentales. Esa definición contrasta con el proyecto de reducción de la intervención pública impulsado por el Gobierno nacional y con las críticas que Milei ha dirigido reiteradamente al concepto de justicia social.
La discusión también comprende dos concepciones diferentes de la política económica. Mientras el enfoque oficial privilegia la estabilidad monetaria, el equilibrio fiscal y la desregulación como instrumentos para recuperar el crecimiento, la perspectiva expresada en el discurso incorpora las condiciones de empleo, la distribución del ingreso, la protección social y la calidad de vida.
El sector empresario tampoco quedó al margen de las exigencias planteadas. El pontífice reconoció la importancia de la iniciativa privada, pero vinculó su legitimidad con el cumplimiento de la función social de la propiedad y del capital. La acumulación de riqueza, advirtió, pierde su sentido productivo cuando se transforma en un ejercicio de avaricia desvinculado del bienestar colectivo.
Las repercusiones pusieron de manifiesto la disputa política abierta alrededor del mensaje papal.
Desde el oficialismo se procuró destacar las coincidencias con los objetivos gubernamentales. El argumento del canciller Pablo Quirno fue que la reducción de la inflación constituye una herramienta indispensable para disminuir la pobreza y que, por lo tanto, no existiría una contradicción esencial con las preocupaciones expresadas por la Iglesia.
La interpretación opositora y de sectores vinculados al pensamiento económico heterodoxo fue diferente. El desacuerdo no reside tanto en los objetivos generales como en los instrumentos utilizados para alcanzarlos. La estabilidad de precios, sostienen, no puede considerarse suficiente si se obtiene mediante un deterioro persistente del empleo, los ingresos y los mecanismos de protección social.
En paralelo, el Grupo de los Seis (G6), que reúne a algunas de las principales entidades empresarias del país, propuso convocar a una mesa de diálogo una vez finalizada la visita papal. La iniciativa contempla la participación de los poderes del Estado, los gobiernos provinciales, los trabajadores y organizaciones de la sociedad civil.
El propósito declarado consiste en establecer compromisos compartidos que puedan sostenerse más allá de los mandatos presidenciales. La propuesta, sin embargo, despertó reservas en sectores sindicales, preocupados por la posibilidad de que las grandes organizaciones empresarias pretendan condicionar previamente los términos de la negociación.
El llamado a construir “una Argentina en unidad y solidaridad” atravesó el cierre del mensaje pero no solamente como una exhortación a superar las diferencias políticas, sino de una invitación a discutir sobre qué bases económicas y sociales puede construirse esa convivencia. El mensaje de unidad ya había estado presente en la intervención del Papa ante Milei y los gobernadores.
El encuentro con la dirigencia del trabajo dejó planteadas diferencias que difícilmente puedan resolverse mediante declaraciones de coincidencia. La cuestión que permanece abierta es cómo compatibilizar las prioridades de la política económica con las exigencias de una sociedad que reclama trabajo, protección y oportunidades. Sobre esa discusión, el pontífice fijó una posición definida: el progreso no puede medirse únicamente por los resultados de la economía, sino también por las condiciones de vida de quienes forman parte de ella.
