En un escenario de expansión de la minería en Argentina, una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados de la Nación busca establecer nuevas obligaciones de transparencia sobre las inversiones, el empleo, el uso de los recursos naturales y el impacto económico de la actividad. El proyecto podría tener especial relevancia para Mendoza, donde el desarrollo minero vuelve a ocupar un lugar central en la agenda productiva.
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Minería: buscan que las empresas informen cuánto invierten, qué agua utilizan y cuánto empleo generan
Llegó al Congreso un proyecto para garantizar el acceso público a información económica, ambiental y social de la actividad minera.
La propuesta pertenece a la diputada nacional por Catamarca Fernanda Ávila, exsecretaria de Minería de la Nación y actual presidenta de la Comisión de Minería de la Cámara baja. Su objetivo es darle rango de ley al Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (SIACAM), una herramienta creada en 2022 mediante una resolución administrativa.
La iniciativa, que fue girada a las comisiones de Minería y de Presupuesto y Hacienda, pretende garantizar que los ciudadanos puedan consultar información actualizada sobre el funcionamiento de la industria minera, independientemente de los cambios de gobierno.
El planteo apunta a reunir en una plataforma pública datos que actualmente se encuentran distribuidos entre organismos nacionales, autoridades provinciales y distintas dependencias estatales.
Qué información deberán publicar sobre los proyectos mineros
El proyecto propone que el SIACAM concentre información económica, geológica, geográfica, social, sanitaria y ambiental de la actividad minera.
Entre los principales datos que deberán estar disponibles para consulta pública se encuentran:
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Inversiones y proyectos: identificación de emprendimientos, ubicación geográfica y empresas alcanzadas por la Ley de Inversiones Mineras y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Empleo: cantidad de puestos de trabajo generados, distribución por provincia y participación de mujeres y hombres.
Uso de recursos naturales: información sobre consumo de agua y energía.
Impacto ambiental: informes de impacto ambiental, estudios de línea de base y planes de mitigación.
Actividad económica: exportaciones, aportes tributarios y compras de bienes y servicios a proveedores nacionales y provinciales.
Seguridad laboral: estadísticas de accidentes y mortalidad vinculadas con la actividad.
La propuesta también contempla que la información sea presentada mediante criterios estandarizados, para facilitar las comparaciones entre provincias y el seguimiento de la evolución de los proyectos.
Según el texto difundido, los informes deberán actualizarse al menos cada 30 días hábiles y el incumplimiento de las obligaciones de publicación podrá ser considerado una falta grave para los funcionarios responsables. Minería & Desarrollo
Por qué la iniciativa tiene especial importancia para Mendoza
El proyecto aparece en un momento particular para Mendoza, que busca consolidar una nueva etapa de desarrollo minero, especialmente vinculada con el cobre.
Uno de los emprendimientos más avanzados es PSJ Cobre Mendocino, ubicado en Las Heras, que obtuvo su Declaración de Impacto Ambiental para la etapa de explotación en diciembre de 2025. El proyecto contempla una inversión inicial estimada en torno a los 600 millones de dólares y apunta a convertirse en uno de los principales desarrollos cupríferos de la provincia.
A esto se suman las iniciativas de exploración en Malargüe Distrito Minero Occidental, el avance de los proyectos del Distrito Minero Mendoza Norte y otros emprendimientos que atraviesan distintas instancias de evaluación ambiental.
Una plataforma nacional con información pública permitiría conocer y comparar no solamente los montos de inversión anunciados, sino también su ejecución, los empleos efectivamente generados y los beneficios económicos que reciben las comunidades.
Otro aspecto particularmente sensible para Mendoza es el uso del agua en la actividad minera. La disponibilidad de información periódica y comparable sobre los recursos hídricos utilizados por los proyectos podría contribuir al debate público y al seguimiento de los controles ambientales.
Proveedores locales: otro de los puntos centrales de la propuesta
La iniciativa también contempla la publicación de información sobre las contrataciones de bienes y servicios que realizan las empresas mineras.
Este punto adquiere importancia para Mendoza, donde uno de los desafíos del desarrollo minero es lograr que las inversiones se traduzcan en oportunidades concretas para las pequeñas y medianas empresas provinciales.
La disponibilidad de estos datos permitiría analizar qué participación tienen los proveedores locales y nacionales en las cadenas de valor de los grandes emprendimientos.
Sin embargo, el proyecto no establece expresamente la obligación de publicar cada contrato individual, identificar a todos los proveedores adjudicatarios ni informar los montos de cada operación.
Por lo tanto, el alcance real de esta herramienta dependerá del nivel de detalle que se establezca para la presentación de la información.
Mendoza ya cuenta con herramientas de información minera
La iniciativa nacional se suma a los mecanismos de registro y seguimiento que distintas provincias comenzaron a implementar.
En Mendoza, el Ministerio de Energía y Ambiente formalizó en noviembre de 2025 la creación del Registro de Proyectos Mineros, previsto en el nuevo Código de Procedimiento Minero provincial.
La herramienta permite ordenar la información sobre titulares, operadores, concesiones y etapas de desarrollo de los emprendimientos, además de mejorar su trazabilidad técnica y administrativa.
Este registro busca establecer un sistema único y verificable para identificar los proyectos y realizar un seguimiento de sus distintas etapas.
La normativa provincial también contempla la presentación de documentación técnica, ambiental y económica por parte de los titulares de los proyectos.
El sistema propuesto a nivel nacional tendría un alcance diferente: reunir información de distintas jurisdicciones en un único portal de acceso público, con criterios comunes para facilitar su consulta.
Una discusión sobre transparencia en plena expansión minera
La Secretaría de Minería de la Nación sería la autoridad de aplicación del nuevo régimen y podría requerir información a organismos como el INDEC, ARCA, el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) y las autoridades provinciales.
La iniciativa recupera la experiencia del SIACAM, que recibió un reconocimiento internacional en 2023 durante la Conferencia Global de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), realizada en Senegal.
Para Ávila, el acceso permanente a información confiable constituye una herramienta para fortalecer el control ciudadano, mejorar las políticas públicas y promover un desarrollo minero sostenible.
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