Argentina y Chile volvieron a poner en marcha una herramienta que puede resultar decisiva para el desarrollo de la minería a ambos lados de la Cordillera de los Andes: el Tratado de Integración y Complementación Minera, un acuerdo firmado hace casi tres décadas que busca facilitar proyectos ubicados en zonas fronterizas.
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Argentina y Chile reactivan un tratado minero clave: qué busca destrabar y por qué vuelve a escena
El acuerdo tiene casi tres décadas, pero volvió al centro de la agenda por el crecimiento de los grandes proyectos de cobre en la Cordillera. Los dos países buscan agilizar inversiones.
El renovado interés tiene una explicación concreta. La Cordillera concentra algunos de los proyectos de cobre más importantes de la región y ambos países consideran que la falta de coordinación fronteriza, logística y administrativa puede convertirse en un obstáculo para inversiones de gran escala.
Según estimaciones difundidas por autoridades chilenas, la cartera vinculada con este proceso representa más de US$20.700 millones en inversiones proyectadas y podría incorporar unas 540.000 toneladas anuales de cobre al mercado.
Argentina y Chile retomaron durante julio las reuniones de la Comisión Administradora del Tratado y está previsto un nuevo encuentro hacia fines de agosto para avanzar sobre los protocolos necesarios para proyectos que llevan años en diferentes etapas de tramitación.
Qué es el Tratado Minero entre Argentina y Chile
El Tratado sobre Integración y Complementación Minera fue firmado por ambos países el 29 de diciembre de 1997 en San Juan y Antofagasta y aprobado en Argentina mediante la Ley 25.243 en marzo de 2000.
El acuerdo nació con un objetivo particular: permitir que la frontera política no se convierta en una barrera para el desarrollo de yacimientos ubicados en la Cordillera.
El acuerdo busca facilitar el desarrollo de proyectos mineros ubicados en la zona cordillerana compartida. Para eso, Argentina y Chile se comprometen a no poner trabas o condiciones diferentes a las empresas por el hecho de ser del otro país.
Además, permite crear Protocolos Adicionales Específicos para aquellos proyectos que necesiten facilitaciones fronterizas, actividades transfronterizas, servidumbres u otros mecanismos especiales para poder operar.
En términos prácticos, esto puede permitir que una mina ubicada en territorio argentino utilice determinados servicios, infraestructura o accesos de Chile, y viceversa, siempre bajo las reglas establecidas por ambos países.
No se trata de eliminar las legislaciones nacionales. Los proyectos continúan sujetos a las normas ambientales, mineras y administrativas correspondientes, pero el tratado crea herramientas para coordinar operaciones que, por su ubicación geográfica, necesitan funcionar a ambos lados de la frontera.
Por qué el acuerdo vuelve a ser clave casi 30 años después
Cuando se firmó el tratado, Argentina todavía estaba lejos del actual nivel de exploración y desarrollo de grandes proyectos cupríferos. El escenario cambió.
El crecimiento de los proyectos de cobre ubicados sobre la Cordillera volvió a plantear problemas que difícilmente puedan resolverse mirando exclusivamente hacia un lado de la frontera.
Entre las iniciativas mencionadas alrededor de esta nueva etapa aparecen Distrito Vicuña —que integra Josemaría y Filo del Sol—, Los Azules, El Pachón, Los Helados y Lunahuasi, además de otros emprendimientos en exploración.
Uno de los casos más importantes es Vicuña. Tanto Filo del Sol como Vicuña ya cuentan con protocolos específicos dentro del Tratado de Integración, que entraron en vigencia en noviembre de 2020 para sus etapas de prospección y exploración.
Ahora, la magnitud alcanzada por el distrito obliga a revisar cómo funcionará esa integración durante las próximas etapas.
Los US$20.700 millones que buscan destrabar
El ministro de Minería de Chile, Daniel Mas, puso números al objetivo. Según explicó, la reactivación del tratado permitiría avanzar sobre más de US$20.700 millones de inversiones proyectadas y sumar más de 540.000 toneladas anuales de cobre.
“Esto es elemental para el camino al nuevo boom de producción y no podemos perder la oportunidad”, sostuvo el funcionario chileno. El desafío ya no pasa solamente por habilitar proyectos que atraviesen literalmente la frontera.
La nueva etapa apunta a una integración más amplia: infraestructura, proveedores, tecnología, servicios, logística, energía y vías de exportación.
En ese sentido, Mas planteó que algunos proyectos argentinos podrían necesitar recursos o infraestructura ubicada del lado chileno e incluso utilizar Chile como salida de los minerales hacia los mercados internacionales.
Ese punto adquiere particular importancia para los grandes desarrollos cordilleranos argentinos. La cercanía con los puertos del Pacífico puede representar una alternativa logística para exportar concentrados hacia Asia, principal mercado mundial para el cobre.
El antecedente de Pascua-Lama
El ejemplo más conocido de aplicación del tratado es Pascua-Lama, proyecto aurífero ubicado en la frontera entre San Juan y Chile. En 2004 ambos países firmaron un Protocolo Adicional Específico que contempló, entre otras cuestiones, la habilitación de un paso fronterizo para el movimiento de personas, bienes y servicios relacionados con el emprendimiento.
El instrumento buscaba permitir que las actividades asociadas al proyecto pudieran desarrollarse dentro de un área de operaciones especialmente definida, aunque siempre sujetas a las legislaciones internas de Argentina y Chile.
Pascua-Lama finalmente no alcanzó el desarrollo originalmente proyectado y acumuló problemas ambientales, judiciales y económicos. Sin embargo, el mecanismo jurídico creado para facilitar una operación minera transfronteriza continúa vigente y ahora vuelve a cobrar relevancia frente a una nueva generación de proyectos.
Una integración que también abre una discusión para Argentina
La reactivación del tratado no solo plantea oportunidades. También abre una discusión sobre qué parte del valor generado por los nuevos proyectos quedará de cada lado de la Cordillera.
Chile posee una industria minera madura, una extensa red de proveedores especializados, infraestructura y puertos sobre el Pacífico. Argentina, en cambio, cuenta con una enorme cartera de recursos todavía por desarrollar.
Especialistas del sector advierten que la integración puede beneficiar a ambos países, pero que el resultado dependerá de la estrategia que adopte cada uno para capturar inversiones, empleo, proveedores y desarrollo tecnológico.
Para Argentina, el desafío será que las facilidades logísticas ofrecidas por Chile no impliquen resignar la posibilidad de desarrollar proveedores, infraestructura y cadenas de valor propias.
Al mismo tiempo, la posibilidad de utilizar infraestructura existente del otro lado de la Cordillera podría reducir costos y acelerar proyectos cuya escala exige inversiones multimillonarias.
La Cordillera, de frontera a corredor minero
El Tratado de Integración y Complementación Minera fue pensado en los años 90 para resolver un problema geográfico que hoy adquiere una dimensión económica mucho mayor.
Argentina está intentando ingresar al grupo de grandes productores mundiales de cobre, mientras Chile busca sostener y ampliar su liderazgo internacional en ese mineral.
En ese escenario, ambos países volvieron a mirar la Cordillera no solamente como una frontera, sino como un corredor minero compartido.
La próxima reunión bilateral será clave para conocer qué proyectos avanzarán con nuevos protocolos específicos y qué mecanismos se acordarán para infraestructura, tránsito, logística y utilización de recursos.
Casi 30 años después de su firma, el tratado vuelve así al centro de la escena. Esta vez, con una cartera de proyectos que supera los US$20.700 millones y con el cobre como protagonista de una nueva etapa de integración entre Argentina y Chile.