La decisión del Colegio María Reina de la provincia de Mendoza de suspender temporalmente el Ciclo Básico del secundario dejó a casi un centenar de alumnos sin banco para el 2027. En pleno noviembre, las familias enfrentan un vacío regulatorio.
¿Quién se hace cargo si cierra un colegio privado en Mendoza?: el desamparo de las familias
Cursos suspendidos y padres sin respuestas: el vacío legal ante el cierre de divisiones en colegios privados y la falta de injerencia oficial.
¿Quién se hace cargo si cierra un colegio privado en Mendoza?: el desamparo de las familias. Imagen creada con IA
La Dirección de Educación Privada rechazó intervenir, aclarando que no posee injerencia directa sobre las vacantes privadas. Ante este panorama, ¿quién se hace cargo y quién le responde a las familias?.
Colegio privado: la reestructuración que desató la angustia
La notificación formal llegó semanas atrás, cuando las autoridades del colegio María Reina comunicaron a las familias la suspensión de 1º, 2º y 3º año del secundario para el ciclo lectivo 2027, argumentando un proceso de reorganización institucional.
Como alternativa, el establecimiento ofreció derivar a los estudiantes al Colegio ISEP (turno tarde, orientación Informática) o a la Escuela CIET 4020/1 del Polo TIC de Godoy Cruz.
Sin embargo, la propuesta generó un fuerte rechazo en la comunidad educativa. La mayoría de los chicos asiste al establecimiento desde el nivel Primario y compartía cursos reducidos de no más de 20 alumnos con jornada doble, robótica e inglés por la tarde.
Con esta decisión y con las opciones brindadas, los alumnos pasarán a escuelas de escolaridad simple, alejadas de la zona céntrica donde trabajan sus padres, lo que representa un cambio abrupto que interrumpe su trayectoria pedagógica y sus lazos afectivos.
“Estamos muy preocupados porque estamos en noviembre y nuestros hijos no tienen banco para continuar con sus estudios el próximo año”, relató a Sitio Andino una madre afectada.
“Buscamos en la mayoría de los colegios privados de la zona y todos nos cerraron las puertas porque las inscripciones arrancaron meses atrás. Incluso, nosotros ya tenemos pagada la inscripción del 2027”, agregó
El rol del Estado y el vacío normativo
Buscando una solución gubernamental, los tutores presentaron notas ante la Dirección de Educación Privada (DEP). La respuesta oficial marcó un límite tajante respecto al alcance de las autoridades en la gestión de las instituciones de cobro de cuota:
“En relación con las vacantes y los procesos de admisión en los colegios privados, le informamos que cada institución es responsable de administrar el ingreso de estudiantes y otorgar las vacantes disponibles. Por tal motivo, la Dirección de Educación Privada no tiene injerencia directa en dichos procesos. En este sentido, le recomendamos que se comunique directamente con las instituciones de su interés...”, les indicaron a los padres a través de un escrito.
El pronunciamiento deja al descubierto el dilema de las escuelas de gestión privada en Argentina: si bien el Estado garantiza la escolaridad pública obligatoria a través de sus establecimientos estatales, no posee mecanismos para obligar a una entidad privada a mantener cursos abiertos o asegurar bancos equivalentes dentro del circuito privado.
Ante reestructuraciones, morosidad o cierres, la búsqueda de una nueva institución recae exclusivamente sobre las familias.