La decisión de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), publicada en el Boletín Oficial, de aplicar un aumento del 45% en las contribuciones obligatorias para el sector vitivinícola durante el año 2025 desató otra vez la guerra entre la entidad y Bodegas de Argentina que ahora encontró un aliado en la batalla, la Secretaria de Agricultura Ganadería y Pesca.
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Vuelve un clásico: Bodegas de Argentina contra COVIAR, pero ahora con un aliado de peso
COVIAR dispuso un aumento del 45% en las contribuciones vitivinícolas para 2025. El Gobierno y Bodegas de Argentina rechazan la medida por su impacto fiscal.
El reajuste de la contribución fue aprobada por su Directorio de la COVIAR en el marco de las facultades que le otorga la Ley 25.849 y el Decreto 1191/2004, que establecen la actualización anual de dichos aportes mediante un índice corrector.
Aunque en un primer momento se había evaluado una suba del 71,4%, finalmente se optó por un ajuste menor, que —según se argumenta en la resolución— busca equilibrar la necesidad de actualización presupuestaria con el delicado escenario económico actual. En el texto oficial, los directores de COVIAR hacen referencia a un “proceso paulatino e incierto de desinflación” y recomiendan una “aplicación diferida del índice corrector”, con monitoreo constante de la situación macroeconómica.
Los aumentos
El nuevo esquema de contribuciones establece alícuotas diferenciadas según el tipo de producto vitivinícola:
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$0,847979 por litro de vino elaborado, mosto sulfitado, mosto virgen u otros productos sin concentración.
$0,714940 por litro de producto fraccionado sin indicación de variedades.
$1,171074 por litro de producto fraccionado con indicación de variedades, champagne y vinos especiales.
$4,382024 por litro de mosto concentrado para consumo interno o exportación.
$0,702215 por kilogramo de uva fresca procesada, incluyendo pasas.
La decisión fue firmada por los miembros de la Comisión Directiva de la corporación, entre ellos José Eduardo Molina y José Alberto Zuccardi, y fue debidamente comunicada al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
Sin embargo, lejos de ser recibida con conformidad, la resolución ha generado un intenso rechazo tanto en el ámbito estatal como en el sector privado, reabriendo un debate profundo sobre la legitimidad, eficacia y representatividad institucional de COVIAR.
Fuerte oposición del Gobierno Nacional
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, expresó oficialmente su desacuerdo con la medida a través de un comunicado en el que cuestiona la validez y pertinencia del aumento en el contexto actual.
La postura gubernamental fue canalizada a través del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), que tiene representación dentro del directorio de COVIAR y que, en el acta correspondiente a la resolución (Acta 187/2025), dejó asentado su voto negativo. Además, se anunció que se tomarán todas las medidas necesarias para frenar el incremento, en defensa del equilibrio económico del sector productivo.
Desde la cartera agrícola se planteó también una crítica implícita al funcionamiento institucional de la corporación, recordando que si bien COVIAR es una persona jurídica de derecho público no estatal, su directorio está compuesto mayoritariamente por representantes del sector privado (13 de sus 18 miembros), lo que refuerza las tensiones existentes sobre su conducción y representatividad.
Bodegas de Argentina: “una carga impositiva insostenible”
La asociación empresaria Bodegas de Argentina, que representa a numerosas firmas del sector y que no participa en COVIAR desde el año 2019, emitió un comunicado en términos categóricos para rechazar la resolución y cuestionar de manera más profunda el rol de la corporación.
“Consideramos que a la fecha dicha institución no tiene competencias para cobrar, menos aún incrementar, alícuotas que expiraron con la finalización del plan que dio origen a su creación, el PEVI 2020”, señalaron. A pesar de su desvinculación formal, las empresas siguen estando legalmente obligadas a realizar los aportes, bajo pena de inmovilización de operaciones por parte del INV, en caso de incumplimiento.
Desde Bodegas de Argentina se remarcó que la presión fiscal acumulada sobre el sector vitivinícola alcanza el 43%, lo que compromete severamente la sustentabilidad de las empresas y su competitividad en los mercados internacionales. La suba del 45% fue calificada como “una carga adicional injustificada” y se tildó de “desafortunado” el argumento de la “desinflación paulatina” que utilizó COVIAR para justificar el ajuste.
“El vino argentino atraviesa una coyuntura crítica. En este contexto, resulta inadmisible seguir sosteniendo de manera compulsiva a instituciones que no cumplen con su propósito y que se han convertido en una carga impositiva insostenible”, afirmaron en el documento, en el que también exigieron la suspensión del cobro obligatorio y una revisión inmediata de la medida.
Un conflicto que reabre viejos cuestionamientos
La controversia actual vuelve a poner sobre la mesa las tensiones estructurales dentro del sector vitivinícola argentino, donde coexisten diversos modelos de representación institucional y estrategias de desarrollo económico. En el fondo del debate subyace una disputa sobre el grado de legitimidad que hoy conserva COVIAR como organismo de articulación público-privada, así como sobre su capacidad para representar los intereses del conjunto de la cadena productiva.
Además, el caso pone de manifiesto la fragilidad institucional del sistema de financiamiento de las políticas sectoriales, que en la práctica sigue descansando en una contribución obligatoria establecida por ley, pero cuya implementación es cada vez más resistida por amplios sectores productivos.
Mientras tanto, el futuro inmediato del conflicto dependerá del margen de acción que encuentren las autoridades nacionales para revisar la resolución y de la capacidad del sector para reabrir un diálogo institucional que hoy parece erosionado.
En un contexto de incertidumbre macroeconómica y presión fiscal, el desenlace de esta disputa marcará un precedente clave para la gobernanza del sector vitivinícola argentino en los próximos años.