Casi tres millones de clientes quedaron sin acceso a sus cuentas tras la intervención y el cese de operaciones de Ueno Bank en Paraguay, medida decretada por el Banco Central debido a la insolvencia de la entidad digital, que también contaba con sucursales físicas.
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Ueno Bank: la crisis en Paraguay expone los riesgos de la banca digital
La crisis de Ueno Bank en Paraguay compromete ahorros y fondos públicos, golpea a Peña y expone los riesgos de esta banca digital y sus controles insuficientes.
La polícia de Paraguay custodia una de las sedes de Ueno Bank
La crisis alcanzó al ahorro previsional, a las jubilaciones y a fondos del Gobierno, cuyo presidente, Santiago Peña, es fuertemente cuestionado por sus vínculos con el entorno de la entidad. El derrumbe también abrió un debate que trasciende las fronteras paraguayas: qué protección ofrece un sistema financiero cuya expansión tecnológica avanza más rápido que la capacidad pública para controlarlo.
La intervención y la falta de solvencia
El Banco Central del Paraguay, presidido hasta ayer por Carlos Carvallo (quien fue presidente del directorio de la entidad cesada), anunció la intervención tras resolver el inicio del procedimiento de resolución con fecha del día anterior. Los ajustes realizados sobre los estados financieros dejaron el índice de solvencia por debajo de la mitad del mínimo exigido. De esta manera, el banco digital no solo enfrentaba dificultades para atender los retiros de fondos, sino que carecía de patrimonio para respaldar sus obligaciones.
El ahorro público en riesgo
El Fondo de Garantía de Depósitos cubre hasta 228,3 millones de guaraníes por depositante y entidad, equivalentes a 75 salarios mínimos. Según las estimaciones oficiales preliminares, ese límite permitiría proteger íntegramente a alrededor del 97 % de los depositantes. Sin embargo, cubrir a la mayoría de los clientes no equivale a resguardar la mayor parte del dinero custodiado por el banco, ya que los fondos de pensiones, del Gobierno o de empresas superan por mucho la cifra cubierta por el Estado.
El Instituto de Previsión Social informó que aproximadamente el 9 % de su cartera de inversiones estaba colocado en Ueno. Los montos publicados oscilan entre 345 y 355 millones de dólares, una diferencia pendiente de conciliación oficial. La entidad previsional aseguró la continuidad de los haberes y anunció el traslado de unos 32.000 jubilados que cobraban a través de dicho banco.
La continuidad de esos pagos no elimina el riesgo sobre las inversiones, que constituyen un esquema de salario diferido destinado a respaldar derechos futuros. La Justicia deberá investigar por qué esos recursos financiaron la expansión de una entidad privada digital con vinculaciones políticas poco claras, así como evaluar la idoneidad de los controles oficiales sobre la solvencia de Ueno.
Los vínculos que comprometen al Gobierno
Con la caída del banco se conoció que el presidente Peña fue accionista de Ueno Holding hasta marzo de 2025. Asimismo, Carlos Carvallo había encabezado la entidad predecesora antes de presidir el Banco Central, nexos que generan serias dudas y amenazan con transformar la crisis financiera en un verdadero escándalo político.
Durante la mañana de hoy, diputados opositores presentaron un libelo acusatorio y comenzaron a reunir firmas para promover el juicio político contra Peña y el vicepresidente Pedro Alliana. Por el momento, el oficialismo colorado resiste la iniciativa mientras la Justicia avanza con la detención de ocho directivos.
Lo cierto es que la tradicional estabilidad macroeconómica paraguaya se ha llenado de interrogantes en pocas horas, planteando dudas hacia el futuro sobre la verdadera solidez de un modelo respaldado por indicadores bajo constante escrutinio.
La velocidad del dinero digital
La expansión de la banca digital facilita pagos, reduce costos y amplía el acceso. Ninguna de esas ventajas acredita la calidad de los préstamos ni asegura capital suficiente para absorber pérdidas. Ueno estaba regulado por el Banco Central; su caída pone en discusión la eficacia de esa vigilancia.
La digitalización también acelera los retiros. El Consejo de Estabilidad Financiera documentó que las tres salidas de depósitos más rápidas de marzo de 2023 alcanzaron entre el 20 % y el 30 % diario del total, lo que precipita las corridas y la pérdida de solvencia de las entidades.
La discusión alcanza a las monedas digitales. Un depósito bancario, una billetera, una criptomoneda y una moneda digital de banco central suponen derechos diferentes.
Las stablecoins, que prometen conservar su valor respecto de monedas como el dólar, requieren examinar aspectos de reservas, custodia y condiciones de rescate. Un token dolarizado no equivale automáticamente a un depósito asegurado. Además, su adopción masiva podría reducir el fondeo del crédito local y profundizar la dependencia respecto de emisores extranjeros.
Una advertencia regional
Para Argentina y sus vecinos, el caso plantea una exigencia concreta: coordinar controles sobre grupos y plataformas que atraviesan jurisdicciones. Proteger el ahorro exige identificar quién recibe el dinero, qué hace con él y quién responde si falta. La innovación financiera necesita una supervisión capaz de actuar antes de que el ahorrista descubra, frente a una pantalla bloqueada, la fragilidad de sus garantías.
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