El oficialismo llegó el miércoles al plenario de comisiones del Senado con una certeza que le duró poco: la firma del dictamen del Súper RIGI, dada por descontada la noche anterior, terminó frustrada por un pedido de último momento del jefe del bloque PRO, Martín Goerling. El proyecto que el Gobierno nacional exhibe como el gran imán para inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares quedó rehén de una discusión que, paradójicamente, estalló el Día de la Industria.
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Súper RIGI: la disputa por los proveedores argentinos frenó el dictamen en el Senado
El dictamen del Súper RIGI se frenó en el Senado por el cupo de proveedores nacionales. El oficialismo se debate entre la postergación o el archivo.
La negociación se trabó por un punto que parecía saldado. El texto original ya establecía que al menos el 20% de las compras de los grandes proyectos debía destinarse a proveedores argentinos, siempre que la oferta nacional resultara competitiva en precio y calidad. Goerling, junto con el radical Maximiliano Abad y el correntino Carlos “Camau” Espínola, pretende ir más lejos: que ese 20% se cumpla incluso cuando los productos locales cuesten hasta un 15% más que los importados.
Una línea roja para la Casa Rosada
Para los senadores que impulsan la modificación, sin ese resguardo la industria nacional compite en desventaja frente a proveedores globales con escalas y costos que la Argentina no puede igualar. Para el equipo económico, en cambio, la exigencia cruza un límite doctrinario que no está dispuesto a negociar. Patricia Bullrich, encargada de destrabar el capítulo en el Senado, fue categórica ante sus colegas: si el Súper RIGI continúa trabado, el Gobierno prefiere resignar la ambición del proyecto y conformarse con los beneficios del régimen original. “Si tiene tantos problemas, seguimos con el RIGI”, resumió.
La jefa del bloque oficialista ya había cedido en otro frente sensible durante las negociaciones previas. Los proyectos que demanden grandes volúmenes de energía, como los vinculados con inteligencia artificial y centros de datos, deberán contar con generación eléctrica propia para no sobrecargar el sistema de las provincias donde se instalen. Ese punto quedó incorporado al dictamen sin mayores resistencias. El nuevo pedido de Goerling, en cambio, llegó apenas dos horas antes del plenario y descolocó a la bancada libertaria.
Tres ausencias que no fueron casuales
El resultado del plenario, encabezado por el senador porteño Agustín Monteverde, dejó a la vista el costo político de la negociación. Faltaron a la firma Abad, Espínola y la senadora del PRO Andrea Cristina. Goerling asistió, pero se negó a rubricar el dictamen. Tampoco lo hizo su compañera de bancada, María Victoria Huala. Las ausencias y negativas a firmar estuvieron vinculadas con el mismo reclamo sobre el margen de preferencia del 15%, porcentaje que algunos senadores incluso propusieron elevar hasta el 40%.
El trasfondo político potencia la tensión. Abad, Espínola y Goerling no representan a la oposición dura, sino al sector dialoguista, cuyos votos resultan imprescindibles para construir cualquier mayoría oficialista en la Cámara alta. “Nuestros aliados son complicados”, admitió una fuente libertaria consultada tras el plenario. También remarcó que empieza a repetirse una dinámica: los mismos bloques que votan sin objeciones en Diputados negocian cada línea en el Senado.
El reloj legislativo aprieta
El dato que más preocupa en la Casa Rosada tiene que ver con los tiempos. El Súper RIGI cuenta con media sanción de Diputados desde fines de junio, pero cualquier modificación sustancial obligará a que el texto regrese a la Cámara baja para una revisión definitiva. Cuanto más se demore el acuerdo en el Senado, más se alejará la posibilidad de sancionar la ley a tiempo para que el Gobierno pueda exhibirla como una señal contundente hacia los capitales internacionales que, según la narrativa oficial, esperan ese marco legal para desembarcar en el país.
Bullrich aseguró que elevará el reclamo de Goerling al Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, aunque sin demasiadas expectativas de que prospere. “Está muy en el margen de la filosofía libertaria”, deslizó, en referencia a una demanda que el equipo económico interpreta como un exceso de proteccionismo. La sesión continúa formalmente convocada para el 10 de septiembre, pero el oficialismo ya no tiene margen para cumplir con esa fecha: el reglamento exige que transcurran siete días entre la firma del dictamen en las comisiones y su tratamiento en el pleno del Senado.