jueves 24 nov 2022
Control y transparencia

Sin Mendoza, la Nación lanza el Observatorio de Precios

La Secretaría de Comercio encabezará la primera reunión para organizarlo. A qué apunta un Observatorio de precios. Por qué hay escepticisimo en Mendoza.

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Por Miguel Ángel Flores 22 de noviembre de 2022 - 06:40

La convocatoria ampliada salió de la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía, con el martes 22 como día de encuentro y un tema excluyente: una mesa de trabajo para poner en marcha el postergado Observatorio de Precios a nivel nacional, que "duerme" hace 8 años, para hoy martes 22. Y si bien incluye a entidades gremiales empresarias que agrupan a bancos y el supermercadismo, además de Afip, la CGT y también a provincias, Mendoza quedó afuera.

Según admitieron fuentes de la cartera económica provincial, la invitación a la primera reunión del Observatorio no llegó. Esto, pese a que Mendoza participa con otras 24 jurisdicciones, de 2 Consejos federales relacionados con su campo de acción: Cofeci (Consejo Federal de Comercio Interior), y Cofedec (de Defensa del Consumidor).

Entre ambos la competencia abarca prácticamente la totalidad de asuntos relativos a la producción y el consumo. Puntualmente, el primero es ámbito de aplicación de la ley de Abastecimiento, como también interviene en cuestiones de lealtad comercial y hasta metrologia legal (pesos y medidas), mientras que lo relativo a defensa del consumidor le corresponde a Cofedec.

Otra cuestión es que el control de precios ha sido parte de un tire-afloje entre Provincia y Nación. Sin embargo, con la nueva figura, según quienes conocen el propósito de impulsarlo, la Secretaría de Comercio encabezada por Matías Tombolini tiene un norte claro: conocer los costos reales de producción/industrialización y su impacto en el bolsillo de los consumidores (ver aparte).

"En el caso de las provincias, la ley que crea el Observatorio no obliga a sumarlas. Más allá de haber ampliado la una convocatoria a más participantes, está previsto que intervengan representantes de los ministerios y de tres asociaciones de defensa del consumidor, a criterio del Gobierno nacional", señaló el titular de la dirección de Fiscalización y Control, José Cortez, representante por Mendoza ante el Cofeci.

Entre las ONG de defensa de consumidores tampoco, al menos hasta el fin de semana, había llegado la convocatoria oficial de la Secretaría de Comercio.

"Sería una medida totalmente ineficaz. Nosotros ha sido la primera entidad en consultar los precios en góndola. Lo que se necesita es que el Gobierno haga cumplir la ley de Abastecimiento en defensa de usuarios y consumidores, lo que no está pasando", señaló Eduardo Femenía, de la filial local de la asociación nacional Consumidores Libres.

Observatorio de Precios: a qué apunta

Nació de una ley, la 26.992, sancionada en 2014 y nunca implementada hasta ahora. Desde entonces el Observatorio de Precios "duerme el sueño de los justos" como muchas normas en un cajón, pese a la posibilidad desde entonces de conformar la comisión con representación de las ONGs de defensa del consumidor.

Incluso, el Observatorio es una figura mencionada en otras leyes más recientes, como la de Góndolas. Pero ¿a qué apunta, concretamente, el Gobierno nacional poniéndolo en marcha ahora?.

Todo indica que más allá de su nombre, la Secretaría de Comercio intenta con ese mecanismo que las empresas, sobre todo las llamadas formadoras de precios, transparenten sus números de producción y rentabilidad. Algo así como "explicar" el por qué de los precios al público.

Para Cortez "hay organismos oficiales encargados del seguimiento de precios. Ahora bien, si se avanza en un pedido de estudios de costos de las empresas se ingresa en un terreno más complejo del que no se sabe cuáles son los límites. Por ejemplo, el costo del envase para distintos tipos de bebidas"

Otro aspecto que se advierte es lo que la normativa vigente permite hacer, y cómo en función de ella se facultaría al Observatorio. Y en este punto resurge el planteo: esgrimir la ley de Abastecimiento, le otorga cierto poder al Estado para hacerse cargo hasta de fabricar ciertos insumos para productos de la Canasta Básica alimentaria si una crisis económica lo justifica, como contrapeso del poder concentrado por determinadas industrias.

"Ni la Provincia ni la Nación a través de la Secretaría de Comercio tienen la más mínima intención de conocer a fondo la cadena de valor, como para terminar con la cartelización y los precios monopólicos, entre otros abusos que realmente perjudican al consumidor", remarcó en este aspecto, escéptico, Femenía, de Consumidores Libres.

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