Cuando este miércoles la Cámara de Diputados de la Nación se siente a debatir la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la Republica Argentina, no lo hará en el vacío. Detrás del proyecto hay treinta años de idas y vueltas: una supuesta autonomía ganada en 1992, modificada en 2002 y reformada completamente en 2012, cuando el organismo pasó a perseguir objetivos tan variados (al estilo de muchos países del mundo) como empleo, desarrollo con equidad y estabilidad financiera.
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Reforma del Banco Central: los cambios que debate Diputados y las advertencias del IERAL
Diputados debate una reforma que limita el financiamiento al Tesoro y busca blindar la autonomía del Banco Central frente a futuras mayorías políticas.
Un informe difundido por el Programa de Asistencia al Poder Legislativo (PAL) del IERAL, de la Fundación Mediterránea, respalda los lineamientos centrales de la iniciativa del Gobierno de Javier Milei, pero plantea una serie de ajustes que, sostiene, le darían mayor solidez frente al riesgo de reversión.
La propuesta que analizan los diputados devuelve al Banco Central un mandato único (preservar el valor de la moneda) y prohíbe de manera taxativa cualquier forma de financiamiento monetario al Tesoro, ya sea a través de adelantos transitorios, compra de títulos en el mercado primario o el mecanismo de reservas de libre disponibilidad que permitió, durante años, cambiar deuda ilíquida por dólares frescos. También endurece las condiciones para remover a las autoridades del organismo, exige dos tercios de ambas cámaras para destituirlas y saca al ministro de Economía de las reuniones de Directorio, un canal de presión política que hasta ahora funcionaba con voz, aunque sin voto.
Una historia que pesa
Los números que exhibe el informe explican por qué el tema volvió a la agenda. Entre marzo de 2012 y mediados de 2024, la inflación promedió un 52% anual, con una escalada que llegó a su punto más crítico durante la gestión de Alberto Fernández: del 51% en 2021 al 95% en 2022, hasta cerrar en 211% después de la devaluación de Javier Milei a dos días de asumir su mandato. Solo durante esos cuatro años, la asistencia monetaria al Tesoro (en pesos y en dólares) rozó los 16 puntos del PBI (el informe no aclara que en medio hubo una pandemia mundial que cerró la economía global por completo). Para el IERAL, el resultado fue la desmonetización de la economía, reservas que tocaron un piso de 11.300 millones de dólares negativos antes de la asunción de Javier Milei y una brecha cambiaria que hacia fines de 2023 superó el 200%, con al menos diez tipos de cambio diferenciales conviviendo al mismo tiempo.
El contraste regional es elocuente. Según el índice de independencia de bancos centrales que cita el trabajo (una medición que va de 0 a 1, donde los valores más altos reflejan mayor autonomía frente al poder político), Chile y Perú se mantienen desde hace años en niveles de 0,8 y 0,9. Argentina, en cambio, osciló como un péndulo: subió a 0,88 tras la reforma de 1992 y cayó a 0,43 después de 2012, el mismo nivel en el que se encuentra hoy.
Lo que el proyecto no dice
El informe del IERAL no se limita a avalar la iniciativa: identifica también sus puntos ciegos. El más señalado es la ausencia de cualquier mención a los controles cambiarios. A diferencia de la ley orgánica peruana, que prohíbe de manera expresa los regímenes de tipo de cambio múltiple y los tratamientos discriminatorios, el texto argentino guarda silencio sobre el cepo, dejando abierta una puerta a la discrecionalidad que la propia experiencia reciente del país desaconseja.
Otro flanco débil es la falta de límites a la compra de títulos públicos en el mercado secundario. El proyecto habilita al Banco Central a intervenir sin techos cuantitativos, una definición que el propio IERAL admite que responde a un dilema real (la necesidad de contar con margen para contener corridas contra la deuda en pesos), pero que en un país con historial de dominancia fiscal puede leerse como una vía indirecta de monetización. La norma peruana, que limita el crecimiento anual de esas tenencias al 5% de la base monetaria, aparece como referencia posible.
Hay, además, una inconsistencia que el informe considera central: mientras remover a las autoridades del Banco Central exigirá una mayoría de dos tercios, modificar la Carta Orgánica seguirá requiriendo apenas mayoría simple. Esa asimetría, advierte el trabajo, deja a la reforma expuesta a la misma lógica de péndulo que ya probó sus costos en 2002 y 2012: alcanza con una nueva mayoría parlamentaria para desarmar en meses lo que se construyó con vocación de permanencia.
El desafío no es solo escribir la ley
La conclusión del IERAL resume el espíritu del debate que se abre este miércoles: ningún diseño institucional sustituye la disciplina fiscal y monetaria, pero sin autonomía del Banco Central esa disciplina rara vez se sostiene en el tiempo. El desafío, señala el informe, no pasa únicamente por redactar un buen mandato, sino por dotar a la reforma de un costo político de reversión lo bastante alto (incluido el costo reputacional) como para que ningún gobierno futuro sienta la tentación de deshacerla. La experiencia argentina, con sus autonomías ganadas y perdidas, es la prueba más elocuente de que esa arquitectura todavía está pendiente.