El deterioro de los pagos de las familias ya modifica la oferta de financiamiento: bancos y fintech endurecen sus evaluaciones y concentran las propuestas de créditos en los clientes con mejores antecedentes.
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Por qué se achica el crédito a los hogares en Argentina
La mora en los hogares llega al 12,9% y el crédito real cae 7,6%. Para las familias cada vez es más difícil refinanciar sus deudas.
De esta manera no se simplifican los procedimientos para que los deudores puedan renegociar sus deudas, sino que por el contrario crecen las dificultades.
Un relevamiento de First Capital Group, difundido por medios periodísticos durante el fin de semana, muestra que el crédito a los hogares cayó 7,6% interanual en términos reales a fines de agosto. Los préstamos personales acumularon diez meses de retroceso. Para los perfiles mejor calificados, la nota ubica las tasas nominales anuales alrededor del 60%, con costos financieros totales cercanos al 90% o al 100%.
Según la consultora, en el informe se generaliza una situación inédita donde la oferta se concentra en quienes menos disposición tienen a utilizarla. En paralelo, los clientes con atrasos enfrentan suspensiones de tarjetas o restricciones en sus límites. La financiación con plásticos también perdió volumen: registró una contracción real del 10,1% interanual.
La dimensión del problema
El último Informe sobre Bancos del Banco Central permite precisar el alcance del deterioro. En julio, el 12,9% de la cartera de créditos a las familias estaba en situación irregular. El indicador mide montos de financiamiento, por lo que no equivale al porcentaje de hogares que dejaron de pagar. Para las empresas, la irregularidad alcanzó el 3,6%; en el conjunto del sector privado, fue del 7,7%.
La entidad monetaria también registró una desaceleración en el crecimiento mensual del saldo real de préstamos impagos. Esa moderación todavía convivía con una reducción del financiamiento: el crédito total al sector privado, considerando pesos y moneda extranjera, disminuyó 1% real durante julio, aunque mantuvo una expansión interanual del 4,7%.
El diagnóstico oficial distingue estas dificultades de una crisis bancaria. Las previsiones cubrían el 87,6% de la cartera irregular y el sistema conservaba elevados niveles de capital. La solidez de las entidades coexistía, así, con el deterioro de la capacidad de pago de sus clientes. Son planos diferentes de una misma situación, con consecuencias distintas para bancos y deudores.
Reordenar las deudas tiene condiciones
Las herramientas de consolidación muestran cómo se intenta administrar ese problema. El Banco Nación ofrece una línea que reúne obligaciones contraídas con la propia entidad y con otros bancos en un único préstamo. Según las condiciones publicadas por la institución, admite montos de hasta $100 millones y plazos de entre 12 y 120 meses.
Los fondos se transfieren directamente a los acreedores para cancelar las deudas incluidas. La cuota inicial calculada para treinta días no puede superar el 25% del ingreso neto del solicitante. La operatoria exige percibir los ingresos en el Nación y cumplir los requisitos de clasificación crediticia establecidos por el banco.
La consolidación tampoco restituye automáticamente toda la capacidad de consumo financiado. La reglamentación dispone reducir un 85% el límite disponible de la tarjeta del banco mientras dure la contención crediticia, salvo que ya hubiera sido reducido por una refinanciación previa. Además, excluye las deudas originadas en créditos hipotecarios para vivienda y las obligaciones judicializadas. Es un mecanismo para ordenar compromisos bajo condiciones específicas, cuyo alcance depende de la situación de cada cliente.
El debate sobre una salida más amplia
Como antecedente del debate actual, el IERAL de la Fundación Mediterránea propuso facilitar acuerdos voluntarios entre acreedores y deudores. El trabajo, reseñado por Sitio Andino, vincula la mora con las tasas reales, el mayor peso efectivo de las cuotas al desacelerarse la inflación y las dificultades del mercado laboral.
La propuesta contempla reducir los impuestos que encarecen las refinanciaciones y ampliar las alternativas ajustadas por UVA. Para estas últimas, plantea estudiar una baja de encajes condicionada a que los recursos liberados financien la regularización de obligaciones. Se trata de recomendaciones, no de un régimen nacional ya aprobado.
El instituto también establece límites: preservar los contratos, evitar incentivos al incumplimiento y no perjudicar a quienes pagan en término. Su preocupación excede la cuota inmediata. Una permanencia prolongada en situación irregular puede cerrar el acceso al financiamiento formal aun después de superada la urgencia que originó el atraso.
La recuperación del crédito requiere resolver ese obstáculo. Refinanciar permite reorganizar vencimientos; para que la solución perdure, las nuevas cuotas deberán resultar compatibles con los ingresos de los hogares.