El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a pararse frente a los micrófonos del Palacio de Hacienda para relanzar una apuesta que, hasta ahora, no consiguió el resultado que el Gobierno esperaba, pese a sus esfuerzos y hasta piezas comerciales de los bancos oficiales que quedaran en la memoria.
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Luis Caputo vuelve a la carga por los dólares del colchón
Luis Caputo anunció la Ley de Inocencia Fiscal 2 con cambios al régimen vigente para incentivar el ingreso de dólares al sistema financiero.
Acompañado por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, y un grupo de tributaristas convocados especialmente para la ocasión, el funcionario anunció el envío al Congreso de la “Ley de Inocencia Fiscal 2”, una reforma que retoca la letra chica del régimen sancionado en diciembre pasado sin tocar, según remarcó, su espíritu original.
Un colchón que no cede
La cifra que explica la insistencia oficial es la misma que Caputo ayer expresó: unos 170.000 millones de dólares permanecen atesorados fuera del sistema financiero, una masa que cuadriplica largamente los 40.000 millones depositados hoy en los bancos, un récord histórico para la serie. “A nivel país no nos sirve que la gente tenga los dólares debajo del colchón porque necesitamos crecer”, sostuvo el ministro, asegurando que sin ahorro formalizado no hay crédito, y sin crédito no hay inversión ni empleo. Fiel a su estilo, no dejó pasar la oportunidad de cruzar a quienes todavía desconfían del sistema bancario y las medidas que propone el Gobierno: “si no depositan sus dólares es porque están mal asesorados”, aseguró el ministro.
Caputo destacó la compra de divisas que viene realizando el Banco Central, en promedio cercano a los 100 millones de dólares por jornada, pese a que cualquier persona puede comprar divisas sin restricciones, hay vía libre para las importaciones y se están diluyendo las restricciones para el giro de utilidades.
Los cuatro cambios de fondo
La letra fina del proyecto quedó en manos de Ibarzabal Murphy, que repasó los puntos centrales de la reforma. El primero elimina las barreras de ingreso al régimen: podrán adherirse todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes, sin topes de ingresos ni de patrimonio, aunque los grandes contribuyentes quedarán acotados a la modalidad simplificada de liquidación, sin acceso a los beneficios plenos.
El segundo introduce un piso doble para que un contribuyente pierda la presunción de exactitud: ya no alcanza con que la diferencia detectada por ARCA supere el 15% de lo declarado, también deberá superar los cinco millones de pesos, equivalentes al 5% del monto de evasión previsto por la Ley Penal Tributaria. Por debajo de ese umbral, la presunción sigue intacta.
El tercer cambio habilita una salida airosa para quien sea observado por el organismo recaudador: si ARCA detecta una diferencia significativa, el contribuyente podrá presentar una declaración jurada rectificativa y pagar la diferencia con intereses dentro de los quince días hábiles posteriores a la notificación, sin perder por eso los beneficios del régimen. El cuarto, finalmente, crea un mecanismo de reintegro acelerado para los casos en que la Justicia termine dándole la razón al contribuyente: si pagó el ajuste para no perder los beneficios y después logra revertir la impugnación de ARCA, el organismo deberá devolverle lo abonado, con intereses, en un plazo máximo de 45 días hábiles.
“No es un blanqueo”
El equipo de tributaristas que acompañó a Caputo se ocupó de marcar distancia con cualquier lectura que emparente la iniciativa con un blanqueo de capitales. El más contundente fue el abogado Liban Ángel Kusano, quien aseguró no encontrar argumento jurídico alguno para no adherir al régimen de simplificación tributaria, y agregó que quienes puedan justificar que sus dólares provienen de su trabajo pueden depositarlos sin inconvenientes en entidades financieras o en Agentes de Liquidación y Compensación.
En rigor, la Ley de Inocencia Fiscal, sancionada el 27 de diciembre de 2025 y vigente desde febrero, no exime del pago del impuesto a las Ganancias ni reemplaza otros controles, como el origen lícito de los fondos o las obligaciones vinculadas a Bienes Personales. Lo que ofrece es previsibilidad: quien adhiere al Régimen Simplificado queda a salvo de que ARCA use la evolución patrimonial o los consumos personales para reconstruir rentas no declaradas.
Vencimientos con más tiempo
La presentación llega pocos días después de que el Gobierno resolviera prorrogar hasta el 27 de agosto el plazo para presentar las declaraciones juradas del impuesto a las Ganancias de personas humanas correspondientes al período fiscal 2025, aunque mantuvo el vencimiento del pago para el 27 de julio y reprogramó el primer anticipo para septiembre. La decisión se adoptó tras nuevas reuniones entre el Ministerio de Economía, ARCA y los consejos profesionales de ciencias económicas, que venían reclamando más tiempo y cambios en el régimen simplificado por las dificultades operativas que generaba.
El bajo nivel de adhesión registrado desde febrero fue, según reconoció el propio Caputo, lo que motivó esta segunda vuelta. El proyecto entrará hoy a la Cámara de Diputados para comenzar un debate que promete ser más que picante, en consonancia con lo que fue el proyecto original de Inocencia Fiscal, pero se prevé que el Gobierno cuenta con los votos necesarios tanto en Diputados como en el Senado para avanzar con el proyecto.
La apuesta oficial es que la promesa de mayor blindaje jurídico, generado casi a medida de los pedidos por los contadores de los evasores, alcance para convencer a los indecisos de que, más allá de qué signo político gobierne en el futuro, sus dólares van a estar a salvo también dentro del sistema.
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