El Gobierno cerró con los gobernadores del Norte Grande un acuerdo que resume, mejor que cualquier discurso, las tensiones de la política energética argentina: para reducir un subsidio hubo que crear otro. La reforma de la Ley de Zonas Frías, que elimina el beneficio automático sobre el gas durante el invierno en varias provincias y promete un ahorro fiscal de 272.099 millones de pesos, no contaba con los votos necesarios para superar el Senado sin el aval del NOA y el NEA. La salida fue establecer un nuevo esquema de “Zonas Cálidas”, con subsidios eléctricos para el verano, a cambio del respaldo legislativo.
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Energía: el Gobierno recorta subsidios, pero crea nuevos beneficios para las provincias
La Rosada reduce subsidios mientras crea otros, los refinadores amplían márgenes y Vaca Muerta queda en la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China.
Subsidios: Uno por otro
El pacto, cerrado durante una reunión con Luis Caputo y Diego Santilli, quedó sujeto a un gesto de confianza política: la nueva medida se publicaría recién después de la sanción de la ley, para disipar el temor de los gobernadores a que el beneficio quedara solo en una promesa.
Los números completan la paradoja. El gasto de Zonas Cálidas, sumado a otras compensaciones negociadas durante el proceso, reduce de manera sensible el ahorro neto que el propio Gobierno había fijado como meta. Es, en definitiva, el federalismo de siempre: la Nación compra apoyos con recursos provinciales, aunque el relato oficial hable de no intervención.
La renta que no bajó al surtidor
El último informe energético del Centro de Economía Política advierte que la refinación argentina registró en junio de 2026 un mes récord. El margen bruto de la nafta súper trepó un 50% respecto de mayo y el del gasoil, un 31,7%, impulsados por una caída del 18,68% en el precio del petróleo crudo en dólares, que pasó de 101,51 a 82,54 dólares por barril.
Esa baja no llegó a los surtidores: las naftas y el gasoil apenas retrocedieron un 3,03% y un 1,92%, respectivamente. El margen del gasoil alcanzó los 66,67 dólares por barril, muy por encima del promedio registrado entre 2017 y 2025.
YPF sostiene que actúa como “buffer” frente a las subas internacionales, bajo la fórmula de Marín de que la empresa “puede ayudar, pero no regalar”. Los números de junio cuentan otra historia: si el crudo cayó con esa fuerza y los precios locales casi no bajaron, la renta extraordinaria quedó del lado del refinador.
Generadores: la libertad de mercado con reserva
Algo similar ocurre con los generadores eléctricos, que advirtieron al Gobierno sobre el riesgo de colapso de las centrales térmicas de respaldo. Durante la gestión de Cambiemos, esas plantas fueron contratadas por diez años, en dólares, con una remuneración promedio de 21.000 dólares por megavatio al mes, celebrada entonces como una prueba de seguridad jurídica.
La Resolución 400/2025 redujo ahora esa remuneración a un tercio. Ante ese escenario, los mismos actores que reclamaban la no intervención estatal piden una reunión urgente para revisar los números. Argumentan que los costos de mantenimiento y almacenamiento de combustibles alternativos no están cubiertos.
El reclamo funciona, en los hechos, como una admisión: sin el Estado detrás, ni siquiera la infraestructura crítica del sistema eléctrico logra sostenerse.
YPF Agro y la privatización por partes
En paralelo, el Gobierno avanza con la apertura del 50% del capital de YPF Agro a inversores privados. Se trata de una estrategia ya conocida: desprenderse de negocios periféricos sin tocar el núcleo de Vaca Muerta, para evitar el costo político de una privatización total.
El antecedente de Profertil funciona como advertencia. Lo que hoy aparece como un activo secundario puede convertirse mañana en una bandera de la oposición, bajo la acusación de un desguace encubierto de la petrolera estatal.
Vaca Muerta, otra vez en el tablero global
El CEPA pone la lupa sobre el nuevo ángulo que ganó fuerza en Vaca Muerta. En la cuenca petrolera más importante del mundo ya no solo se habla de inversiones y producción: el yacimiento quedó en el centro de la disputa geopolítica entre Washington y Pekín.
El embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, advirtió que las inversiones estadounidenses en Vaca Muerta están condicionadas a la exclusión de tecnología china, en particular de Huawei. El argumento es que las empresas de su país “quieren garantías de que sus datos serán protegidos”. La advertencia ya tuvo consecuencias sobre la cooperativa eléctrica CALF por su contrato con la firma china.
El CEPA señala que el Gobierno de Milei, que apuesta por la alianza con Washington, enfrenta así un dilema de fondo. China ya tiene presencia en el país, con financiamiento y tecnología difíciles de reemplazar, mientras que la Argentina necesita capitales de ambos lados para sostener el ritmo de inversión que reclama el sector.
A ese panorama se suma una agenda regulatoria que avanza en simultáneo: la prórroga de concesiones hidroeléctricas como Futaleufú y el Sistema Diamante, en Mendoza, sin pliegos técnicos listos para nuevas licitaciones; la licitación de la línea de alta tensión AMBA I, con un anticipo de 110 millones de dólares públicos pese a la promesa de una obra ciento por ciento privada, y la disolución de los fideicomisos FONINVEMEM, que transfiere las centrales Timbúes y Manuel Belgrano a sociedades en las que el Estado, a través de ENARSA, conserva la mayoría accionaria.
Un mismo patrón
El CEPA sostiene que, en contra del discurso oficial, todos estos episodios están atravesados por un mismo patrón: se recortan subsidios y se crean otros; se celebra la libertad de mercado, pero los actores dominantes piden auxilio estatal cuando cambia el ciclo.
Vaca Muerta, lejos de funcionar como el motor de derrame que promete el relato oficial, aparece cada vez más como un escenario condicionado por el poder corporativo y la geopolítica, con el empleo y el tejido productivo local en el lugar más expuesto.
La política energética argentina sigue necesitando al Estado en la misma medida en que dice prescindir de él.