El episodio extremo de El Niño podría dejar en América Latina y el Caribe una pérdida acumulada equivalente al 2% de su producto interno bruto en tres años, con la mitad del impacto concentrada en el primero. La advertencia surge de un informe presentado en los últimos días por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
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El Niño amenaza el PIB, la energía y los alimentos en América Latina
La CEPAL advierte que un episodio extremo de El Niño podría restar 2% al PIB regional en tres años y empujar a 4,8 millones de personas a la pobreza hacia 2030.
Según el documento, de concretarse las previsiones, hasta 4,8 millones de personas adicionales podrían quedar en situación de pobreza hacia 2030. El cálculo toma como referencia un crecimiento anual del producto del 2,3% en un escenario sin el fenómeno y aclara que se trata de estimaciones de riesgo, no de pérdidas ya registradas ni de una contracción uniforme para todos los países.
El informe sostiene que los efectos económicos pueden extenderse más allá de la duración del episodio climático. La menor producción, los daños en infraestructura y las interrupciones en el abastecimiento trasladan el impacto a los ingresos y los precios. Al encarecimiento de los alimentos y la energía pueden sumarse mayores costos de transporte y distribución, con consecuencias que exceden a las zonas directamente afectadas.
Un mapa de impactos diferentes
La distribución de las lluvias explica buena parte de las diferencias entre las distintas regiones. Mientras las costas de Perú y Ecuador enfrentan riesgos de precipitaciones intensas, desbordes y daños materiales, Colombia, Venezuela y el norte de Brasil pueden atravesar sequías, menores caudales y olas de calor. En Centroamérica, la escasez de agua amenaza especialmente al Corredor Seco.
El Cono Sur presenta otra combinación de efectos. En el norte argentino y Uruguay, un aumento de las precipitaciones puede favorecer las cosechas y ampliar las posibilidades de exportación cuando otras regiones necesitan importar más alimentos. El exceso de agua, a su vez, puede provocar inundaciones, perjudicar la producción y afectar la infraestructura utilizada para comercializarla.
Electricidad y alimentos bajo presión
La energía constituye uno de los puntos más sensibles. En varios países latinoamericanos, la hidroelectricidad supera el 70% de la matriz eléctrica. Esa dependencia aumenta la vulnerabilidad del abastecimiento cuando disminuyen las lluvias y los embalses pierden capacidad para sostener la generación. A esa situación se suma la antigüedad de las instalaciones: más de la mitad de la capacidad hidroeléctrica tiene más de treinta años.
La presión también puede llegar desde el consumo. Las altas temperaturas elevan la demanda de refrigeración en grandes ciudades como Lima, São Paulo y Ciudad de México, precisamente cuando se reduce el agua disponible para generar electricidad. La CEPAL advierte que esa combinación incrementa el riesgo de cortes y de mayores costos operativos.
La pesca enfrenta dificultades propias. El calentamiento del Pacífico modifica las condiciones de las que dependen especies de importancia comercial. Como antecedente, el organismo recuerda que durante El Niño de 1997-1998 las capturas regionales disminuyeron 26,9%. Esa cifra corresponde a un episodio histórico y permite dimensionar la exposición del sector, pero no constituye una proyección para la temporada actual.
En el agro, las sequías comprometen los cultivos, las pasturas y la disponibilidad de agua. Un análisis de la FAO citado por la CEPAL identifica zonas con probabilidades superiores al 70% de atravesar sequías en los próximos meses, especialmente en Centroamérica y el Caribe. El deterioro productivo amenaza tanto los ingresos rurales como el acceso a los alimentos.
El costo de llegar después
Frente a estos riesgos, la CEPAL propone incorporar la prevención climática a las decisiones económicas habituales. Entre sus recomendaciones figuran la protección de centrales y redes eléctricas, la mejora de los sistemas de alerta y la disponibilidad de instrumentos financieros que permitan responder antes de que los daños comprometan los presupuestos públicos.
Los fondos de reserva y los seguros climáticos forman parte de esa estrategia, al igual que la coordinación entre países para administrar recursos compartidos y aprovechar la complementariedad de sus sistemas energéticos. El objetivo es reducir la exposición a la falta de lluvias y contar con alternativas cuando una fuente de generación pierde disponibilidad.
La dimensión social requiere, según el organismo, transferencias y apoyos dirigidos a los hogares vulnerables. En el sector agrícola, las alertas anticipadas pueden facilitar cambios en las fechas de siembra y la distribución de semillas resistentes antes de que se pierdan las cosechas.
José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la CEPAL, advirtió que actuar después de declarada una emergencia resulta considerablemente más costoso que prevenir. El planteo del informe se concentra precisamente en esa diferencia: destinar recursos a proteger infraestructura, producción e ingresos antes de que las alteraciones del clima se conviertan en pérdidas económicas persistentes.
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