La vendimia 2026 dejó datos que la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM) no dudó en calificar de alarmantes: la cosecha cayó más del 12% respecto del ciclo anterior. La entidad, que reúne a productores de toda la provincia, fue más allá de la estadística y advirtió que la crisis es estructural, capaz de liquidar al pequeño y mediano productor y desarmar el entramado socioproductivo que sostiene buena parte de la economía mendocina.
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Crisis vitivinícola en Mendoza: Viñateros advierten por el abandono de fincas
La vendimia 2026 cayó más del 12% y la AVM alertó sobre fincas abandonadas, costos en alza y la crisis que amenaza a pequeños y medianos productores de Mendoza.
El diagnóstico que circula entre los viñateros describe una ecuación que dejó de cerrar. Los insumos básicos (energía eléctrica, combustibles, jornales, agroquímicos, impuestos y tasas municipales y provinciales) acumularon fuertes aumentos en los últimos meses. Mientras tanto, lo que el productor recibe por su uva o por el vino elaborado con ella se mantiene en valores similares, o incluso inferiores, a los de hace dos o tres años. El cuadro se agrava por la extensión de los plazos de pago, que termina de asfixiar el flujo de caja de explotaciones que ya trabajan a pérdida.
Fincas abandonadas y éxodo hacia el Gran Mendoza
La consecuencia más visible de ese desequilibrio es el abandono de fincas y viñedos en distintos puntos de la provincia. Perder una hectárea productiva no es un dato menor: implica desandar años de desmonte, nivelación y cultivo, y demanda entre tres y cuatro años de inversión sostenida antes de que la tierra vuelva a producir.
La imposibilidad de afrontar los compromisos financieros al cierre de cada mes está llevando a muchas explotaciones a una parálisis que, según la AVM, ya golpea a familias enteras del campo. Obligadas a abandonar la actividad, migran hacia los centros urbanos del Gran Mendoza en busca de un sustento que la agricultura ya no puede garantizarles.
La entidad remarcó el peso específico de la vitivinicultura en la economía provincial: representa cerca del 15% del PBI de Mendoza y sostiene más de 100.000 puestos de trabajo directos e indirectos. También funciona como base del turismo, la gastronomía y la hotelería, y como carta de presentación internacional de la provincia. Para la AVM, resulta contradictorio que una actividad con semejante peso quede expuesta al abandono por falta de respuestas institucionales.
Rechazo a la eliminación del CIU y a la refermentación
El comunicado de la asociación también cuestiona una serie de decisiones políticas que, a su juicio, buscan aprovechar la actual debilidad del productor para modificar reglas de juego históricas. El punto más sensible es el rechazo a los intentos de eliminar el Control de Ingreso de Uva (CIU), un instrumento que la AVM define como el título de propiedad del productor al momento de entregar su cosecha en la bodega. Sin ese certificado, advierte, el viñatero queda a merced del comprador y sin una constancia formal del volumen, la variedad o el grado alcohólico entregado.
La entidad rechazó también la eventual autorización de la refermentación, una práctica que considera perjudicial porque resta transparencia a la información sobre el volumen real de vino y mosto disponible en el mercado. Según la asociación, esta medida podría alimentar maniobras especulativas en perjuicio de la producción primaria.
A estas objeciones se suma la preocupación por el desmantelamiento progresivo de organismos con incidencia agropecuaria, como el INV, el IDR, el INTA y la FTYC. La AVM considera indispensables sus herramientas técnicas de información, financiamiento e investigación para el desarrollo del sector.
“Podar hoy una hectárea de parral está, según la zona, entre 350.000 y 400.000 pesos. La atadura, otros 400.000 pesos. Pedimos un operativo de fácil acceso para hacer las tareas urgentes. Estamos viendo fincas con cañota en el último alambre. Poner en marcha una hectárea de viñedo es un sacrificio muy grande, y algunos ya están arrancando las cepas”, describió Eduardo Córdoba, presidente de la AVM, al detallar la magnitud del deterioro.
Un pedido de previsibilidad, no de subsidios
Ante este panorama, la Asociación de Viñateros de Mendoza reclamó condiciones razonables de previsibilidad, fuentes de financiamiento accesibles, prórrogas para obligaciones que hoy resultan imposibles de afrontar y reglas comerciales claras que eviten el despojo del productor.
La entidad hizo un llamado directo a los gobiernos provincial y nacional para que redefinan las políticas destinadas al sector agroindustrial, con una advertencia de fondo: el desarrollo de Mendoza no se resuelve mediante decisiones de escritorio, sino a partir de la sostenibilidad de sus valles productivos.
Córdoba fue enfático al describir la urgencia del reclamo. “No llegamos a cancelar los compromisos con nuestros empleados, pagar la energía eléctrica, necesitamos posponer pagos en ATM solamente para seguir trabajando. Tenemos que proteger la cultura del trabajo que es la vitivinicultura. No estamos pidiendo subsidios, sino apoyo”, sostuvo el titular de la AVM, quien remarcó que sin viñateros no habría Fiesta de la Vendimia ni enoturismo posible.
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