En el Mes de la Prevención del Suicidio, una mirada sobre cómo las crisis económicas pueden afectar la salud mental, a partir de informes recientes.
El impacto de las crisis económicas en la salud mental: la otra cara de los despidos y la pérdida de ingresos
Las crisis económicas suelen medirse en índices de desempleo, inflación, cierres de empresas o caída de salarios. Ahora bien, lo cierto es que no podemos escapar de la dimensión humana de estos datos y el impacto que tienen sobre la salud mental.
No es novedad que el país atraviesa fuertes cambios que dan cuenta de una matriz económica en reconfiguración, más enfocada en la actividad minera y petrolera, mientras que la actividad industrial y comercial cae mes a mes a niveles históricos.
Al mismo tiempo, la caída del consumo y la pérdida del poder adquisitivo también forman parte de una realidad social que, en la práctica, deteriora las condiciones de vida y puede impactar sobre la salud mental de la población.
En este marco, un relevamiento del Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) advierte que el 35,8% de los argentinos considera que atraviesa una crisis personal. Al indagar sobre las razones, el 55,9% la atribuye a factores económicos, entre ellos ingresos insuficientes, deudas o inestabilidad laboral.
A este escenario complejo se suma que el acceso a la salud mental está fuertemente condicionado por la situación económica, ya que muchas veces no se puede afrontar el pago de un profesional o la atención pública está desbordada.
La crisis económica, la pérdida del empleo y el deterioro de las condiciones de vida ya han tenido consecuencias sobre la salud mental de las personas en nuestra historia reciente. Uno de los casos documentados y analizados por la periodista Leila Guerriero se encuentra en Los suicidas del fin del mundo (primera edición, 2005).
Se trata de una crónica narrativa en la que la periodista reconstruye, a través de una serie de registros, los suicidios ocurridos a fines de los 90 y principios de los 2000 en la localidad petrolera de Las Heras, en el norte de Santa Cruz.
Entre 1997 y 1999, con consecuencias que se extendieron hasta el año 2000, al menos 22 personas se quitaron la vida en un pueblo atravesado por la desocupación y por las profundas transformaciones que siguieron a la privatización de YPF durante el gobierno de Carlos Menem.
Este caso también fue estudiado en el ámbito académico. De hecho, hay investigaciones del CONICET, observatorios y universidades que analizan la relación entre las variaciones territoriales del suicidio y distintos factores sociales y económicos, incluyendo períodos de crisis.
Este antecedente ayuda también a reflexionar en torno a lo que pasa en el presente, especialmente durante el Mes de la Prevención del Suicidio, cuya fecha central es el 10 de septiembre. En este escenario, el cierre de empresas privadas y el recorte sobre organismos públicos afectan el empleo y la situación económica, factores que también pueden repercutir sobre la salud mental.
Estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación relevaron que durante las primeras 25 semanas de 2026 se notificaron 6.070 intentos de suicidio sin resultado mortal, un 70,65% más que hace cuatro años atrás.
Mendoza también muestra una evolución que requiere atención. De acuerdo con los registros del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), entre el 1 de enero y el 15 de julio se contabilizaron 499 intentos en 2024, 440 en 2025 y 523 en 2026.
Ahora bien, la lectura de estas cifras debe ser cautelosa. El aumento de estos indicadores no quiere decir que esté atravesado exclusivamente por problemas económicos, ya que hay múltiples factores que influyen en esta problemática, entre ellos los consumos problemáticos, que constituyen uno de los factores de riesgo con fuerte incidencia.
Que exista un conjunto de factores y no haya una única explicación no quita las alarmas sobre la situación económica y los malestares sociales. Un informe reciente de Fundar registró la pérdida de aproximadamente 31.000 empresas desde el inicio del Gobierno de Javier Milei, con un promedio de 33 cierres por día.
Detrás de cada cierre hay personas que pierden sus empleos, ingresos o proyectos. El problema se intensifica cuando esta situación se combina con otros factores de vulnerabilidad y dificultades para acceder a ayuda profesional.
El relevamiento de la UBA muestra una de las aristas más concretas de esta problemática: la posibilidad de acceder a un tratamiento también está atravesada por el dinero. Una parte de quienes consideran que necesitan atención psicológica no puede sostenerla por motivos económicos.
Por lo tanto, se trata de un contexto complejo que debe ser abordado con prevención, atención y políticas públicas que contemplen tanto los factores económicos como las distintas dimensiones que intervienen en la salud mental.
La provincia de Mendoza cuenta con la Línea 148, opción 0, destinada a asistencia en salud mental y adicciones. También se puede acudir a las guardias de los hospitales públicos ante una situación de urgencia:
Asimismo, la provincia cuenta con una red de atención que incluye hospitales generales y centros especializados como El Sauce, Carlos Pereyra y CIPAU, además de efectores distribuidos en distintos departamentos.
