21 de noviembre de 2026
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Cooperativa

Cooperativas vitivinícolas de San Martín: elaboran más del 30% del vino y mosto del departamento

Un estudio de ACOVI revela cómo cinco cooperativas del departamento sostienen la producción, el empleo y la actividad comercial en los distritos rurales.

Por Marcelo López Álvarez

En San Martín cinco cooperativas reúnen a 546 productores, trabajan 4.566 hectáreas y elaboran casi el 30% del vino y mosto local. La magnitud de esa participación permite comprender el peso de un modelo asociativo que no solo interviene en la producción, sino que sostiene empleo, compras y servicios en distintos distritos del Este provincial.

Un relevamiento de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (ACOVI) cuantificó el aporte de estas organizaciones y puso el foco en su capacidad para mantener actividad económica en las comunidades rurales. Su presentación incluyó, además, un segundo estudio desarrollado junto al INTA sobre las transformaciones del territorio agrícola en seis departamentos mendocinos y las posibilidades de articular políticas productivas con los municipios.

Cinco cooperativas que concentran casi un tercio de la elaboración

San Martín tiene 25.417 hectáreas cultivadas con vid, equivalentes al 18,1% de la superficie provincial y al 13% de la nacional, según los datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) citados en el estudio. Durante la vendimia 2026 produjo 3,06 millones de quintales de uva y elaboró 271 millones de litros de vino y mosto, el 26,7% del volumen provincial.

En ese entramado operan las cooperativas Tres Porteñas, Colonia California, Nueva California, Brindis y El Poniente. En conjunto procesaron aproximadamente 970.000 quintales de uva, el 31,7% de la cosecha departamental, y elaboraron cerca de 80 millones de litros, equivalentes al 29,5% de la producción de vino y mosto de San Martín.

Por su parte mientras la superficie con vid se redujo un 8% en el país, un 7% en Mendoza y un 9% en San Martín durante el período considerado por el informe, la superficie operada por las cooperativas locales aumentó alrededor de un 6%. El estudio vincula esa evolución con la incorporación de productores que buscaron sostén ante las dificultades de rentabilidad y con la recuperación de fincas que habían salido de producción.

Más de $14.200 millones de valor agregado

El trabajo estima en $18.240 millones el valor bruto de la producción primaria cooperativa y en $30.400 millones el de la etapa industrial. Al descontar los consumos intermedios, el valor agregado bruto de ambos eslabones asciende a $14.227 millones: el 75,6% corresponde a las fincas y el 24,4% a la elaboración.

Una porción importante de esos recursos se destina a remunerar trabajo. Según el relevamiento, en la producción primaria los salarios representan aproximadamente $8.000 millones de un valor agregado de $10.700 millones. En las bodegas cooperativas, los pagos al personal suman otros $2.000 millones.

La dimensión económica también aparece al comparar esos resultados con la actividad del departamento: las cinco cooperativas representan alrededor del 1,12% del Producto Bruto Geográfico (PBG) de San Martín, el 9,2% del valor agregado agropecuario y el 3,4% del industrial.

Estos números adquieren una relevancia particular en un contexto en el que la vitivinicultura acumula meses de indicadores económicos desfavorables, con consecuencias sobre los ingresos y la continuidad de numerosos productores.

Fabian Ruggeri, titular de ACOVI y Nicolas Vicchi (gerente) durante la presentación del informe de la incidencia económica de las cooperativas vitivinícolas

Fabian Ruggeri, titular de ACOVI y Nicolas Vicchi (gerente) durante la presentación del informe de la incidencia económica de las cooperativas vitivinícolas

El dinero que circula en los distritos

El aporte de las cooperativas no termina en la finca o la bodega. Para estimar sus efectos sobre el comercio de cercanía, el relevamiento incorporó alrededor de 50 encuestas a viñateros y consultas a más de 40 comerciantes de distintas localidades de San Martín.

El estudio calcula un factor multiplicador de hasta 2,25: por cada peso generado directamente por el circuito cooperativo se producirían hasta $1,25 adicionales de actividad económica en su entorno. Se trata de una estimación de impacto, no de ingresos directos de las cooperativas.

El informe señala, además, que cerca del 80% del gasto cotidiano de las familias productoras se realiza dentro del departamento, particularmente en alimentos, indumentaria, salud y servicios profesionales. Esa circulación de recursos contribuye a sostener comercios y prestadores que dependen de la demanda local.

Durante la presentación, el presidente de ACOVI, Fabián Ruggeri, recordó una experiencia de su llegada a la Cooperativa Nueva California en 2000. Al proponer la compra de insumos en la capital provincial, donde conseguía precios menores, encontró resistencia entre los asociados. Los productores le explicaron que dejar de comprar en la ferretería del pueblo podía provocar su cierre y privarlos de un proveedor cercano, capaz de fiar mercadería o resolver una urgencia en plena faena.

La anécdota ilustra una lógica económica que excede la comparación inmediata de precios: mantener proveedores en los distritos también forma parte de las condiciones necesarias para producir.

Proveedores, variedades y presión tributaria

Ese arraigo territorial convive con limitaciones. Buena parte de la maquinaria agrícola, los fertilizantes, los agroquímicos y los servicios técnicos especializados se adquiere fuera de San Martín por la falta de proveedores locales. El informe identifica allí una oportunidad para ampliar el entramado productivo departamental.

También registra cambios en la planificación varietal, vinculados con los requerimientos comerciales de FECOVITA. Entre las variedades priorizadas aparecen Cereza, Pedro Giménez, Torrontés, Chardonnay y Sauvignon Blanc, mientras se posterga la implantación de algunas tintas tradicionales, como Malbec y Cabernet.

El capítulo tributario generó cuestionamientos. De acuerdo con las cifras presentadas, la producción primaria cooperativa afronta más de $1.800 millones anuales en tasas municipales, a los que se suman otros $200 millones correspondientes a la industria. Los productores objetaron la relación entre esas cargas y los servicios que reciben.

Uno de los reclamos se concentró en el alumbrado público aplicado a viviendas y pozos eléctricos de riego. Según expusieron, el cargo aumenta con el consumo de energía, incluso en caminos rurales donde consideran insuficiente o prácticamente inexistente el servicio de iluminación.

Las dificultades de costos y rentabilidad no son exclusivas del cooperativismo: productores vitivinícolas mendocinos también advirtieron sobre el abandono de fincas y reclamaron condiciones para sostener la actividad.

Del diagnóstico a la planificación territorial

El segundo estudio presentado por ACOVI, realizado junto al INTA, analiza las transformaciones del suelo agrícola en seis departamentos mendocinos. La propuesta busca relacionar el ordenamiento territorial con las decisiones de inversión, la preservación de tierras productivas y la integración de cadenas de valor.

Ruggeri sostuvo que "el ordenamiento territorial es fundamental a la hora de diseñar cuál es la actividad o cuál es la matriz productiva del futuro". También observó que, aunque muchos planes municipales reconocen la identidad productiva de sus departamentos, esa definición no siempre se traduce en medidas concretas.

El gerente de ACOVI, Nicolás Vicchi, planteó: "No podemos pensar el ordenamiento territorial separado del desarrollo económico". Y añadió que el suelo agrícola constituye la base de un sistema que genera trabajo, sostiene familias y permite el arraigo en los oasis mendocinos.

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