San Pablo, una de las zonas vitivinícolas con Indicación Geográfica. Ahora el INV sumó otra en una región no tradicional.
A partir de la aprobación del Presupuesto 2023 y con él las leyes de Avalúo e Impositiva que contempla los nuevos valores atribuídos a las propiedades rurales, la llegada del boleto inmobiliario que incluyen los ajustes, la polémica no ha cesado porque el llamativo caso de aumentos que superan el 1000 % en relación al año 2022 ha golpeado seriamente a los productores rurales del Valle de Uco.
Mas allá de las expresiones realizadas en su momento por Pablo Ambrosini, presidente de la Cámara de Tunuyán donde aseguraba que desde el Ministerio de Economía accederían a lo solicitado por la entidad en el sentido de tratar cada caso en forma individual, lo concreto es que han pasado algunos días y no han habido novedades.
A efectos de tener una mirada mas global del problema, Noticiero Andino Valle de Uco consultó con el CPN Marcos Nuarte quien considera que el impuesto inmobiliario ha sido, históricamente, muy bajo y por lo tanto era necesario realizar su revaluación aunque, comentó, "De la simple observación surge que hay algunos excesos en cuánto a la determinación de superficies cubiertas en las zonas rurales".
El contador Nuate agregó que "El sector de la actividad agropecuaria tiene infinidad de problemas, acosado por las situaciones de la climatología, de la economía en general, el bajo valor de la producción, el alto costo de los insumos necesarios, le están sumando una nueva preocupación" agregando a su comentario una reflexión muy interesante "Estimar la base imponible por medio de la observación satelital o, las vistas de un dron, no aparece como la forma más correcta de evaluar, más bién se parece a una falta de empatía con el sector".
Finalmente, Marcos Nuarte concluyó : "Si pretendemos cobrar de esta forma, castigando al productor, nos estamos haciendo una cazuela con el ganso de los huevos de oro".
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