En un contexto de fragilidad creciente del sistema energético nacional, que quedó demostrado en la reciente ola de frío que vivió todo el territorio argentino, y con la emergencia energética declarada hasta el 2026, el Gobierno resolvió ampliar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), incorporando los proyectos de generación de energía eléctrica entre los sectores habilitados para acceder a los beneficios fiscales y aduaneros del programa. La decisión fue oficializada hoy por el Ministerio de Economía.
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Ante la crisis, el Gobierno amplía el RIGI e incorpora proyectos de energía eléctrica
El Gobierno amplió el RIGI e incorporó al sector eléctrico para atraer inversiones privadas y reforzar el sistema energético después de declarar la emergencia.
La medida apunta a acelerar inversiones del sector privado en infraestructura clave para el abastecimiento energético, en momentos en que la demanda invernal volvió a poner al sistema al borde del colapso. El nuevo esquema introduce también una serie de modificaciones normativas orientadas a agilizar procedimientos y estimular en una pequeña parte la producción local.
RIGI en clave energética
La reciente ola polar dejó al desnudo las limitaciones del sistema eléctrico argentino, con interrupciones en el suministro que afectaron a más de 100.000 usuarios solo en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. La situación se agravó por la parada programada de la central nuclear Atucha II y la necesidad de importar energía desde Brasil, Uruguay y Paraguay para evitar cortes aún mayores.
La inclusión inesperada del sector eléctrico dentro del RIGI aparece como una decisión de urgencia, pero también estratégica. El objetivo declarado es diversificar la matriz energética, facilitar el financiamiento de obras de gran escala y garantizar una provisión más robusta y estable ante eventos extremos.
En los fundamentos de la norma, el Ministerio de Economía sostiene que la medida es “oportuna y conveniente”, y responde tanto a los avances técnicos en el área como a “las necesidades del sector energético de la República Argentina”.
Los cambios normativos
La resolución 938/2025 actualiza también el Régimen de Importación de Bienes para Grandes Proyectos de Inversión. Entre los principales cambios se destacan:
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Participación nacional obligatoria: al menos el 10% del valor FOB de lo importado deberá invertirse en bienes nuevos de origen nacional.
Mayor flexibilidad: las empresas podrán iniciar los trámites sin tener definidas todas las inversiones nacionales.
Redefinición de la “puesta en marcha”: se considerará como tal el inicio efectivo de la producción, no la mera instalación.
Condiciones de permanencia: los bienes deberán mantenerse en poder de la empresa al menos 12 meses desde la puesta en marcha.
Extensión de plazos: se prorrogan hasta el 31 de diciembre de 2026 los plazos para rendiciones de cuentas correspondientes a proyectos iniciados antes del 18 de diciembre de 2024.
Régimen sancionatorio: ante incumplimientos graves, se prevé la inhabilitación por tres años y la ejecución total de garantías.
Las modificaciones, según la resolución de Economía, buscan simplificar procesos burocráticos, fomentar el desarrollo de proveedores locales y ordenar expedientes administrativos que arrastran demoras desde regímenes anteriores.
Perspectivas abiertas
La incorporación del sector eléctrico al RIGI es una apuesta del Gobierno para mejorar el abastecimiento energético del país con inversiones ciento por ciento privadas en medio de una situación de emergencia.
Sin embargo, el contexto macroeconómico, el manejo político de tarifas que este gobierno tampoco resuelve, la restricción externa y el atraso cambiario ponen un manto de duda acerca del éxito del RIGI en los niveles que aspira el Ejecutivo.
A un año de su puesta en marcha: inversiones comprometidas
A un año de su puesta en marcha, el RIGI ha recibido solicitudes para solo catorce proyectos y solo cinco de ellos ya fueron aprobados, la mayoría precisamente vinculados al sector energético. Los emprendimientos aprobados por el Ejecutivo son:
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Parque solar YPF Luz (Mendoza): US$ 211 millones para un parque fotovoltaico de 305 MW.
Oleoducto Sur de Vaca Muerta (VMOS): US$ 2.486 millones para un ducto de 437 kilómetros que conectará la cuenca neuquina con el Atlántico.
Planta de GNL PAE-Golar (Río Negro): US$ 6.878 millones para una instalación flotante mediante buques de licuefacción de gas natural en el Golfo de San Matías.
Proyecto Río Tinto (Salta): US$ 2.700 millones para extracción y procesamiento de litio en el Salar de Rincón.
Nueva planta siderúrgica de Sidersa (Buenos Aires): US$ 286 millones para una producción anual de 360.000 toneladas de insumos.