La intención del Gobierno nacional de avanzar con una desregulación del mercado inmobiliario encendió las alarmas entre los corredores públicos de Mendoza. Desde el sector profesional de San Rafael advirtieron que eliminar la matrícula obligatoria y los requisitos de formación podría dejar desprotegidas a las personas que buscan comprar, vender o alquilar una propiedad.
Fuerte preocupación en San Rafael por el futuro de la matrícula inmobiliaria
Desde el sector profesional de San Rafael advirtieron que eliminar la matrícula y los requisitos de formación podría favorecer la informalidad, la mala praxis y los fraudes.
Uno de los principales temores es que cualquier persona pueda intervenir en operaciones inmobiliarias sin contar con conocimientos jurídicos, técnicos ni una certificación que garantice su idoneidad. Según indicaron, ese escenario podría favorecer el crecimiento de las estafas, la mala praxis y los conflictos vinculados con el patrimonio de las familias.
Qué propone la desregulación inmobiliaria
La iniciativa que analiza el Gobierno nacional contempla modificar el esquema vigente para ejercer el corretaje inmobiliario. Entre sus principales puntos aparecen la eliminación de la matrícula obligatoria y del título universitario como requisitos para intermediar en operaciones de compra, venta y alquiler.
También se estudia convertir la colegiación en una opción voluntaria, permitir el ingreso de empresas, plataformas digitales y corredores independientes, eliminar restricciones geográficas y liberar completamente la negociación de honorarios y comisiones. Desde el Gobierno sostienen que estos cambios permitirían aumentar la competencia, sumar nuevos prestadores y reducir los costos de las operaciones.
Hasta el momento, se trata de una propuesta en debate y no de una modificación que ya se encuentre vigente.
Advierten por un posible aumento de las estafas
Desde el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Mendoza remarcaron que una operación inmobiliaria no consiste únicamente en exhibir una propiedad y acercar a un comprador con un vendedor.
Los profesionales deben analizar títulos, sucesiones, inhibiciones, embargos, planos, condiciones jurídicas del inmueble y diferentes aspectos vinculados con la arquitectura y la agrimensura. Una evaluación incorrecta puede afectar directamente los ahorros o el patrimonio de las personas involucradas.
El vicepresidente de la entidad, Jorge Altamirano, sostuvo que la matrícula permite controlar el ejercicio profesional, sancionar las malas prácticas y garantizar que el corredor cuente con formación y una garantía económica para responder ante eventuales perjuicios.
“Una desregulación fomentaría todo lo que son las estafas sobre los bienes patrimoniales”, señaló. Además, explicó que sin una entidad de control los damnificados perderían una instancia directa para denunciar irregularidades.
La matrícula como respaldo para los usuarios
Actualmente, el ejercicio de la actividad en Mendoza está regulado por la Ley provincial 7.372, que creó el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios y estableció la inscripción previa en la matrícula para trabajar legalmente.
La entidad posee facultades para controlar a los profesionales, recibir denuncias, aplicar sanciones y actuar ante el ejercicio ilegal de la actividad. También exige la presentación del título habilitante correspondiente.
Desde el Colegio remarcaron que la matrícula no representa solamente una credencial profesional. También permite identificar al responsable de cada operación, acreditar un domicilio legal y ofrecer un organismo al cual acudir frente a una presunta mala práctica.
El presidente de la institución provincial, Silvio Gigli, afirmó que la regulación aporta seguridad jurídica, transparencia y ética profesional. También señaló que la intervención de un corredor permite realizar tasaciones adecuadas, detectar cláusulas abusivas y prevenir operaciones que puedan perjudicar a compradores, vendedores o inquilinos.
Mendoza ya detectó intentos de fraude
La preocupación también está relacionada con casos recientes. La Cámara Inmobiliaria de Mendoza aseguró que durante julio detectó tres presuntos intentos de estafa.
Uno de ellos involucró un supuesto boleto de compraventa fechado en 1994 para comercializar un terreno. El documento tenía sellos bancarios y aparentaba ser auténtico, pero correspondía a un loteo que todavía no existía en aquel momento.
La maniobra pudo ser advertida porque la potencial compradora consultó a profesionales antes de entregar el dinero y completar la operación.
El sector de los negocios inmobiliarios analiza recurrir a la Justicia
La Cámara Inmobiliaria de Mendoza y entidades profesionales de otras provincias anticiparon que podrían presentar acciones judiciales si la propuesta avanza y elimina los actuales controles.
Desde el sector aseguraron que no buscan impedir el ingreso de nuevos actores, sino garantizar que exista un profesional responsable frente a cada operación y una institución que pueda actuar ante irregularidades.
Las entidades inmobiliarias también cuestionaron que la eliminación de los controles pueda resolver los problemas de acceso a la vivienda. Sostienen que en ese debate influyen principalmente la falta de crédito hipotecario, los impuestos, los costos de construcción, la inflación y la ausencia de políticas habitacionales de largo plazo.
En San Rafael, los corredores insistieron en que permitir el ejercicio sin capacitación ni certificación podría aumentar la informalidad. Por ese motivo, reclamaron que cualquier modificación preserve la seguridad jurídica y la protección de quienes comprometen sus ahorros en una operación inmobiliaria.