Ante la demora de las causas judiciales, el Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de Mendoza implementa medidas para exponer a quienes ejercen ilegalmente la profesión.
El COKIMEN alertó por el ejercicio ilegal de la kinesiología en Mendoza y advirtió sobre cursos sin validez
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Desde su puesta en marcha en 2007, en el marco de la Ley Provincial 7.772, Mendoza cuenta con su propio Colegio Profesional de Kinesiólogos y Fisioterapeutas (COKIMEN). La medida respondió a la necesidad de formalizar el ejercicio de la profesión y estableció la obligación de contar con un título universitario de grado y matricularse en el colegio profesional para poder desempeñarse legalmente.
Si bien el ejercicio ilegal de la kinesiología está contemplado en el Código Penal argentino, con penas que pueden alcanzar un año de prisión, la demora de la Justicia para resolver estos casos y la proliferación de personas que ofrecen servicios sin la habilitación correspondiente llevaron al colegio mendocino a tomar medidas complementarias, como la exposición de los casos en sus redes sociales institucionales.
Como organismo encargado de regular el ejercicio de la profesión, velar por la ética profesional y controlar que las prácticas se desarrollen dentro del marco legal, el Colegio Profesional de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de Mendoza enfrenta uno de sus mayores desafíos: el intrusismo profesional. Así lo explicó Esteban González Mazzei, presidente de la institución, en diálogo con Sitio Andino.
Según señaló, antes de su creación legal, en septiembre de 2007, la actividad se regía por un marco regulatorio general a través del Ministerio de Salud de la Nación. La creación del colegio permitió hacer un seguimiento más específico de casos y faltas en la provincia, así como abordar nuevas técnicas, métodos de diagnóstico y tratamientos kinésicos.
“Son muchos los campos en los que tenemos pseudoprofesionales o profesiones que también invaden nuestro campo ”, remarcó el presidente del colegio. En ese contexto, advirtió que actualmente existe una mayor preocupación por prevenir casos de mala praxis y la falta de asesoramiento adecuado a los pacientes.
La advertencia del directivo del COKIMEN no se limita a una figura en particular, sino que también alcanza a técnicos en kinesiología, masajistas y propietarios de centros de estética y consultorios que contratan personal no habilitado.
En cuanto a las titulaciones habilitantes, González Mazzei señaló que las categorías de técnico, ayudante o auxiliar en kinesiología no cuentan con validez sanitaria ni con el aval del Ministerio de Salud. “En términos concretos, no existen ”, afirmó.
También advirtió sobre centros e institutos de formación que ofrecen estas titulaciones y supuestas matrículas que no tienen validez oficial. Según explicó, la habilitación profesional se acredita mediante los requisitos correspondientes, entre ellos el título universitario y la matrícula otorgada conforme a la normativa provincial.
“No se dejen estafar, porque esto es una promoción del ejercicio ilegal de la profesión cuando ofrecen estos cursos en donde les dicen que van a poder atender pacientes y tratar a personas con lesiones o alguna enfermedad ”, sostuvo.
En ese sentido, instó a quienes estén interesados en formarse en el área a verificar la validez de los estudios ofrecidos. Para ejercer la kinesiología, explicó, es necesario contar con un título universitario reconocido en Argentina —como los expedidos por la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo)— y cumplir con los requisitos de matriculación y colegiación establecidos en Mendoza.
Aunque estos requisitos puedan parecer una cuestión burocrática, el objetivo es garantizar que quienes realizan prácticas vinculadas con la salud y el cuidado del cuerpo cuenten con la formación necesaria. Esto también resulta relevante en áreas como la quiropraxia, en las que deben respetarse las competencias profesionales y las normas aplicables.
Si bien el Colegio mendocino no cuenta con estadísticas sobre la cantidad de casos de ejercicio ilegal de la profesión, muchos de ellos se hacen visibles a través de Instagram y otras redes sociales, donde se prometen soluciones rápidas y de bajo costo.
Además de insistir en la necesidad de contar con un título universitario y una matrícula habilitante, Mazzei señaló que los pacientes deben verificar las credenciales de quienes los atienden. Advirtió que recurrir a personas sin la formación adecuada implica exponerse a prácticas realizadas por alguien que podría no conocer “los conceptos y las técnicas mínimas que se requieren para llevar a cabo una profesión relacionada con la salud de las personas ”.
A esto se suma la posibilidad de que una persona afectada por una mala praxis presente un reclamo ante la Justicia. Según explicó, la situación es diferente cuando se trata de profesionales matriculados, ya que estos cuentan con un seguro para responder ante este tipo de casos.
“Directamente, en estos casos, se arreglaría con Defensa del Consumidor o algún reclamo legal por daños y perjuicios, pero se pierde la parte deontológica que es la que hace el colegio de kinesiólogos y el Ministerio de Salud ”, remarcó el presidente del COKIMEN.
En cuanto a las sanciones penales, el directivo hizo referencia a los artículos 208 y 247 del Código Penal argentino, que contemplan distintas conductas vinculadas con el ejercicio ilegal de actividades profesionales y sus posibles sanciones. Desde el colegio, sin embargo, manifestaron su preocupación por la demora en la resolución de las causas denunciadas: “La Justicia no funciona realmente como nosotros esperaríamos y como debería ”, afirmó Mazzei.
Según explicó, algunas causas avanzan, mientras que otras quedan paralizadas. En ciertos casos, las resoluciones adquieren visibilidad pública por la relevancia que alcanzan las denuncias. El COKIMEN tiene varias causas abiertas y, según su presidente, cuenta con información que respalda las presentaciones realizadas.
Como ejemplo, Mazzei relató el caso de una persona que cursó hasta segundo año de la carrera de Kinesiología, pero no continuó sus estudios y, posteriormente, habría generado un título universitario y una matrícula falsos: “Esa causa no avanzó. Lamentablemente, cuesta que lleguen a buen puerto ”, señaló.
Frente a estas situaciones, la institución decidió complementar las medidas legales con publicaciones en sus redes sociales para advertir sobre personas, con nombre y apellido, que ofrecen servicios sin estar habilitadas. Estas comunicaciones también pueden mencionar los institutos en los que trabajan o prestan servicios, especialmente cuando, según el colegio, sus responsables no verifican la documentación del personal contratado.
“ Si no están en nuestros registros, lo que nosotros hacemos es una publicación en nuestras redes sociales institucionales en donde decimos que tal persona no está habilitada para ejercer legalmente las prácticas que ofrece en sus redes sociales y en la del instituto”, explicó Mazzei.
Según el presidente del COKIMEN, estas publicaciones suelen generar respuestas en poco tiempo. También destacó el papel de los propios profesionales matriculados, que comparten y viralizan las advertencias hacia sus pacientes sobre los riesgos de recurrir a personas no habilitadas.
“A la persona que hemos expuesto en redes, siempre les llega la información. A veces tenemos respuestas enojadas o algunos les da miedo, otros directamente no se comunican o nos enteramos que los desvincularon del instituto donde trabajaban. Es a lo que apuntamos, porque la Justicia es más lenta y un poco más ineficiente ”, sostuvo el presidente del colegio.
Tras la advertencia, el colegio hizo un llamado a la población mendocina para incorporar el hábito de verificar las credenciales de los profesionales que la atienden. Según señalaron, esta precaución también debería extenderse a médicos, psicólogos, fonoaudiólogos y odontólogos.
En su página web oficial, la institución dispone de una sección con un listado de profesionales habilitados para ejercer en la provincia, identificados por nombre y apellido. Otra alternativa es comunicarse con el COKIMEN a través de las direcciones de correo electrónico y los números de contacto publicados al pie del portal, para consultar la situación de un profesional o recibir orientación sobre los pasos a seguir.
Para denunciar a personas que ejercen sin matrícula habilitante, desde el colegio recomendaron realizar una denuncia penal en línea a través de la página del Ministerio Público Fiscal.
