El Superintendente Sergio Marinelli y el presidente del CAM, Javier Oyhenart, subrayaron la necesidad de dar más transparencia a la normativa sobre la administración del agua.
El Gobierno de la Provincia de Mendoza y el Departamento General de Irrigación iniciaron la ronda de consultas a distintos organismos e instituciones respecto al anteproyecto de Código de Aguas que pretenden sancionar antes de fin de año. Así, el Colegio de Agrimensura de la Provincia de Mendoza (CAM) dio su visión respecto a las modificaciones que se plantean a la ley de aguas vigente desde 1.884.
Actualmente, el DGI lleva adelante una instancia de consultas abiertas, por lo que este martes se realizó la primera en el Colegio de Agrimensura de Mendoza, donde estuvieron presentes su presidente y vicepresidenta, Javier Oyhenart y Paola Gonella, junto a autoridades de Provincia, entre ellos, el superintendente del Departamento General de Irrigación, Sergio Marinelli; el director General de Rentas, Nicolás Chávez; la directora de Catastro, Jimena Luzuriaga.
La presentación estuvo a cargo de Marcela Andino, asesora legal del DGI, y el Marcelo Pinto, asesor y redactor del Código de Aguas. En esta oportunidad, la presentación se centró en aspectos de registro y catastro.
Sergio Marinelli destacó la importancia de “ir realizando estas presentaciones, dado que el espíritu de este Código es, precisamente, arrojar luz, coherencia y orden a todo el compendio normativo que viene acumulándose en torno a la Ley de Aguas y que, en muchos casos, resulta en una administración dificultosa o desigual del recurso hídrico”.
“Muchas veces, siendo agrimensor como lo soy, he dicho que el DGI no cuenta con un catastro hídrico, sino con un cúmulo de mapas e información que debemos organizar para administrar mejor y acelerar el desarrollo de Mendoza”, comentó a modo de conclusión.
Por su parte, el presidente del CAM, Javier Oyhenart, señaló que “apoyar el impulso del Código del Aguas incluye estas instancias, que son las de las presentaciones detalladas que abren espacio a los aportes, consultas e intercambio de visiones para que sea una normativa que contemple a todos los actores involucrados”.
“En nuestro caso, sabemos que desde el ejercicio profesional serán cambios que nos demandarán modificaciones y ajustes, pero que apuntan a la agilización burocrática, al mejoramiento de controles y a la mayor capacidad para procesar información geográfica o hídrica en este caso”, destacó Oyhenart.
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