Este lunes, se confirmó en el Decreto 1517, publicado en el Boletín Oficial, la clausura definitiva del geriátrico "La Nona de los Caramelos", ubicado en Maipú. Con la firma del gobernador Alfredo Cornejo y del ministro de Salud, Rodolfo Montero, el Ejecutivo rechazó el recurso jerárquico presentado por su propietaria, ratificando una sanción que arrastra varios años de historial administrativo.
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Cerraron un geriátrico en Maipú: ¿cuál es el panorama de las residencias en el resto de Mendoza?
El Gobierno de Mendoza ratificó la clausura definitiva de un geriátrico ubicado en Maipú por reincidir en faltas y carecer de habilitación ministerial.
A pesar de que la titular adujo contar con la habilitación municipal, el Gobierno recordó que las leyes provinciales N° 5532 y N° 9536 exigen de manera obligatoria la habilitación del Ministerio de Salud y Deportes para brindar servicios asistenciales a adultos mayores.
Geriátrico clausurado: la reincidencia, la razón del cierre irreversible
Ante la pregunta sobre por qué este geriátrico fue cerrado de manera drástica mientras cientos de residencias operan en la provincia de Mendoza en informalidad, la clave está en el incumplimiento sistemático.
Desde la Dirección de Adultos Mayores advirtieron a Sitio Andino que "el establecimiento acumulaba múltiples actas de inspección, emplazamientos e intimaciones previas que fueron desatendidas por la administración".
Es decir, en lugar de subsanar los requisitos sanitarios y edilicios solicitados a lo largo de los años, el lugar continuó funcionando de forma irregular. Como remarca la norma, la clausura definitiva se aplicó para evitar daños o consecuencias irreparables sobre la salud de las personas alojadas.
Las causas por las que la residencia había sido sancionada en reiteradas ocasiones tenían que ver con: sobrepoblación de pacientes por habitación, presencia de residuos patológicos en áreas de alimentos y lavandería, falta de sanitarios completos y ausencia de un plan nutricional adecuado para las personas alojadas.
El panorama en Mendoza: un sistema superado por la demanda
La clausura en Maipú saca a la luz la compleja realidad que atraviesan los geriátricos privados en Mendoza: mientras la demanda no para de crecer, la legalidad completa parece una meta inalcanzable para la mayoría.
Meses atrás, en una nota realizada por este medio, desde la Dirección de Adultos Mayores, indicaron que en la provincia había aproximadamente unas 600 residencias registradas, pero apenas el 30% poseía la habilitación ministerial definitiva.
El propio titular de la cartera, Lucas Luppo, reconoció la fragilidad del sector y explicó las razones de este fenómeno:
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El "doble trámite": para operar legalmente, un geriátrico debe afrontar una "doble habilitación": la municipal (enfocada en lo edilicio y comercial) y la ministerial (enfocada en el perfil asistencial y clínico). "Muchos inician el negocio para probar, previo a iniciar los trámites burocráticos que no son nada baratos. La realidad es que se ponen en marcha mientras alcanzan la aprobación; no lo podemos ocultar", admitió Lupo.
El dilema de la clausura masiva: frente a las denuncias de lugares sin papeles, el Estado se encuentra en un callejón sin salida. La falta de plazas públicas o de cupos estatales impide realizar cierres masivos, ya que no habría dónde reubicar a cientos de abuelos. "Es algo que nos supera", confesó el funcionario, remarcando que se trata de una cuestión de mercado donde el Estado suele correr detrás de las circunstancias.
Impacto en los costos y cuotas: al no contar con habilitación formal completa, estas residencias informales no pueden acceder a convenios con obras sociales ni contar con subsidios gubernamentales. Esto obliga a trasladar todo el costo operativo a las familias: actualmente, las cuotas mensuales para ingresar a una residencia privada en Mendoza arrancan en los $950.000 y aumentan según las patologías o los cuidados específicos que requiera cada residente.
El perfil de quienes ingresan a estos espacios está claramente definido: personas con necesidad de asistencia médica permanente, mayoritariamente mujeres por encima de los 75 años.
Mientras el envejecimiento poblacional acelera la demanda, casos como el de Maipú dejan en evidencia los límites del sistema: ante la reincidencia grave y la falta de garantías básicas, la clausura sigue siendo la última medida de resguardo institucional.