El Gobierno de Mendoza unificó el régimen sancionatorio provincial con el objetivo de resguardar el arbolado público y frenar las intervenciones ilegales.
Arbolado público: Mendoza endurece los controles y fija multas millonarias para quienes los dañen.
Con el propósito de proteger de manera integral el oasis urbano y rural de la provincia, el Gobierno de Mendoza endureció las medidas de control y estableció un régimen sancionatorio unificado para quienes causen daños al arbolado público. A partir de esta medida, las multas pueden alcanzar montos de hasta $9 millones, según la gravedad del daño ocasionado.
La resolución busca estandarizar las pautas de fiscalización en todo el territorio provincial y poner un freno a conductas habituales que atentan contra la salud de los árboles.
El nuevo marco regulatorio establece penalizaciones severas para una amplia variedad de intervenciones no autorizadas. Entre las faltas más gravosas se encuentran:
Podas clandestinas o mutilaciones: cortes severos o mal ejecutados sin la correspondiente autorización municipal o provincial.
Talas y extracciones ilegales: eliminación de ejemplares sin justificación técnica ni permiso previo.
Daños estructurales y radiculares: afectaciones provocadas por obras de construcción, corte de raíces principales o anillado de troncos.
Contaminación del suelo: vertido de cemento, hidrocarburos, productos químicos u otras sustancias nocivas en las tazas de los árboles.
Para garantizar la efectividad de los controles, la autoridad ambiental provincial trabaja de forma coordinada con los distintos municipios, fiscalizando el cumplimiento de la ley y dando respuesta a las denuncias ciudadanas.
El nuevo marco regulatorio no solo contempla el aspecto monetario, sino que articula un abanico de penalizaciones para sancionar tanto a particulares como a profesionales y empresas ejecutoras de proyectos:
Multas económicas graduadas: las sanciones monetarias se calculan de manera individual por cada árbol dañado o erradicado sin autorización. La escala parte desde montos menores para faltas leves (como podas fuera de época o sin permiso previo) y escala en casos graves (mutilación profunda, anillado, envenenamiento o tala clandestina) hasta un tope de $9 millones por ejemplar.
Frenos a obras e intervenciones: en aquellos casos donde el daño al arbolado sea consecuencia de emprendimientos inmobiliarios, construcciones o refacciones en la vía pública, la autoridad de aplicación dispone de la facultad de paralizar de inmediato las obras hasta tanto se subsane el perjuicio y se regularice la situación administrativa.
Inhabilitaciones profesionales y comerciales: para empresas constructoras, desarrolladores o profesionales que incurran en infracciones graves de forma directa o por negligencia durante la ejecución de proyectos, el régimen prevé la inhabilitación para tramitar nuevas autorizaciones, operar o participar en contrataciones, además de la remisión de los antecedentes a los colegios profesionales correspondientes.
Desde el Ministerio de Energía y Ambiente remarcaron que el arbolado público no es solo un elemento paisajístico, sino un recurso estratégico vital para la calidad de vida en la región. Los árboles cumplen un rol indispensable al regular las elevadas temperaturas estivales, purificar el aire, mitigar el impacto de los vientos y proteger las acequias.
Con este endurecimiento de las penas, las autoridades buscan generar mayor conciencia ambiental y recordar a la población que cualquier intervención o retiro de un árbol debe contar estrictamente con la evaluación y aprobación de los organismos técnicos correspondientes.
