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General Alvear

Un senador de General Alvear pidió incluir una obra clave para el sur en el Presupuesto 2027

Walther Marcolini le solicitó al Gobierno provincial que avance en la construcción de un Polo Judicial en General Alvear.

Por Florencia Martinez del Rio

Un senador y exintendente le pidió al Gobierno provincial que avance en la construcción de un edificio judicial en General Alvear, incluyéndola en el plan de obras del Presupuesto 2027 que prepara el Ejecutivo. Actualmente, las distintas dependencias judiciales funcionan en inmuebles alquilados y distribuidos por la ciudad, por lo que busca reunirlas en una única sede.

Walther Marcolini (UCR) presentó un proyecto de declaración en la Legislatura de Mendoza para solicitar que el Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia "adopten las medidas necesarias" para concretar esta obra esperada desde hace años en el departamento del sur sobre un terreno ya donado.

Según los fundamentos del proyecto, en 2020 eran ocho los inmuebles alquilados destinados a oficinas judiciales, lo que implica que los alvearenses deban realizar trámites tengan que trasladarse entre diferentes domicilios para completar un mismo procedimiento dentro de la Segunda Circunscripción Judicial que integra con San Rafael y Malargüe.

Walther Marcolini, senador provincial.

El legislador indicó que esto no responde únicamente a una cuestión económica vinculada con el ahorro que significaría para el Estado dejar de pagar alquileres, sino también a la necesidad de facilitar el acceso a la Justicia, especialmente para personas mayores, personas con discapacidad y habitantes de los distritos rurales, quienes deben afrontar los costos de tener que trasladarse. A su vez, argumentó que la multiplicidad de edificios afecta las condiciones de reserva y confidencialidad necesarias para los procesos vinculados con los fueros de Familia y Penal.

Piden que la obra sea incluida en el Presupuesto 2027 del Gobierno provincial

Marcolini solicitó al Ejecutivo que incluya en el Presupuesto 2027 la partida necesaria para iniciar la obra. El proyecto será enviado por el Gobierno a la Legislatura a fines de septiembre, con las pautas generales para el próximo ejercicio y un plan de obras -en medio de un año electoral- cuyos detalles aún no fueron definidos.

"Veremos cómo calza el plan de obras con la estimación de recursos, y si hay algún faltante de recursos para el financiamiento, sí se pedirá” endeudamiento, expresó al respecto días atrás el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad.

Legislatura de Mendoza.

El exintendente tomó como referencia las obras judiciales realizadas en otros puntos de Mendoza, como el Polo Judicial de la Primera Circunscripción y el Centro Cívico Judicial de Tunuyán, y recordó que "el terreno está cedido, la factibilidad verificada y el anteproyecto elaborado".

Además, señaló que la obra cuenta cuenta con un respaldo municipal reciente. El 13 de agosto pasado, el Concejo Deliberante de General Alvear aprobó la Resolución N° 5753-26, mediante la cual, con participación de los distintos bloques, solicitó avanzar con la unificación de las dependencias judiciales del departamento y requirió a los legisladores del sur que consideren las acciones necesarias a ese fin.

Una obra esperada en General Alvear

El reclamo no es nuevo y, de acuerdo con el proyecto, cuenta con una serie de antecedentes administrativos y políticos. Uno de ellos se remonta a 2018, cuando el Concejo sancionó la Ordenanza N° 4494/18, mediante la cual se donó con cargo al Poder Judicial de Mendoza un terreno para la construcción del edificio judicial.

En enero de 2019, personal técnico del propio Poder Judicial recorrió el predio y consideró viable la realización de la obra. Posteriormente, la Sala Tercera de la Suprema Corte de Justicia dictó la Acordada N° 29.197, cuyo punto III dio impulso formal a la afectación del terreno para la construcción de un edificio destinado a la Segunda Circunscripción.

En septiembre de 2020, el Municipio de General Alvear promovió una reunión de trabajo con el entonces presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay; el procurador general, Alejandro Gullé; y el entonces ministro de Planificación e Infraestructura Pública, Mario Isgró. En ese marco se elaboró un anteproyecto edilicio, que se rediseñó en 2022.

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