Durante una jornada realizada en Mendoza, representantes de ACIJ expusieron las demoras en los concursos y plantearon la necesidad de reducir los plazos.
Un relevamiento advirtió que los concursos para seleccionar jueces demoran siete años en promedio.
El tiempo que transcurre para la selección de jueces fue cuestionado por datos que se presentaron en Mendoza, durante una jornada de análisis para la reforma en el sistema de selección. Especialistas y académicos cuestionaron la extensión de los concursos judiciales y advirtieron sobre la necesidad de agilizar los procedimientos para cubrir las vacantes.
Uno de los datos más relevantes surgió de un relevamiento realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que analizó 143 pliegos enviados por el Poder Ejecutivo nacional entre marzo y agosto de 2026. El estudio permitió identificar que los concursos examinados tuvieron una duración promedio cercana a los siete años, desde su inicio en el Consejo de la Magistratura hasta el envío de las propuestas de designación por parte del Ejecutivo.
La información fue presentada por Clara Lucarella, integrante de ACIJ, quien expuso una problemática que excede los tiempos administrativos y alcanza directamente al funcionamiento de los tribunales y el sistema de selección.
Durante su intervención, Lucarella explicó que el relevamiento permitió reconstruir los tiempos transcurridos desde el inicio de los concursos hasta la intervención del Poder Ejecutivo. "Vimos que en promedio los concursos duran alrededor de siete años desde que se inicia el concurso en el Consejo de la Magistratura hasta que finalmente se envía el pliego por parte del Poder Ejecutivo", señaló.
La representante de ACIJ aclaró que ese período contempla diferentes circunstancias que atravesaron los procedimientos, entre ellas modificaciones y movimientos de pliegos a lo largo del tiempo. Sin embargo, incluso al analizar exclusivamente la etapa que corresponde al Consejo de la Magistratura, los resultados reflejaron una demora considerable. "La duración es en promedio de cuatro años", precisó Lucarella al referirse al tiempo que demandan los concursos dentro del organismo.
Cabe aclarar que los siete años representan el promedio registrado en los procedimientos analizados y no el tiempo que necesariamente demanda cada concurso. Además, la medición llega hasta el envío del pliego por parte del Ejecutivo, por lo que no equivale al plazo completo hasta la efectiva asunción del magistrado.
La demora en la cobertura de cargos judiciales no constituye únicamente una dificultad administrativa. Según se planteó durante el encuentro, la permanencia de vacantes durante períodos prolongados puede generar consecuencias sobre la organización y el funcionamiento de los tribunales.
Lucarella explicó que, cuando un cargo permanece sin cubrir, otro magistrado puede verse obligado a asumir temporalmente las funciones correspondientes. Esta situación supone una mayor carga laboral y puede repercutir en los tiempos de tramitación de las causas.
El problema adquiere especial relevancia en un sistema que debe garantizar respuestas judiciales dentro de plazos razonables. La acumulación de tareas y la necesidad de distribuir expedientes entre magistrados pueden afectar la capacidad operativa de los órganos judiciales.
Otro de los puntos señalados por ACIJ estuvo relacionado con las consecuencias que genera la prolongación de los concursos sobre las decisiones adoptadas durante el proceso de selección. Según explicó Lucarella, la extensión de los procedimientos puede habilitar nuevas intervenciones y modificaciones de los órdenes de mérito, incluso después de que determinadas instancias hayan sido completadas.
La especialista describió situaciones en las que un primer dictamen es elevado al plenario del Consejo de la Magistratura y posteriormente regresa a la Comisión de Selección, donde puede modificarse antes de volver a ser considerado.
A ello se suma otro fenómeno vinculado directamente con el paso del tiempo: la renuncia de postulantes que dejan de participar de los concursos. Durante la exposición se señaló que algunos candidatos abandonan los procedimientos porque, mientras esperan una resolución, se presentan a otros concursos o pierden interés en el cargo al que aspiraban.
De esta manera, las demoras no solamente retrasan la cobertura de las vacantes, sino que también pueden modificar la composición del grupo de postulantes que continúa participando del proceso.
Frente a este diagnóstico, una de las alternativas planteadas durante la jornada fue ampliar la implementación de concursos anticipados, un mecanismo que permitiría evaluar postulantes sin esperar necesariamente a que exista una vacante específica.
La propuesta busca contar con candidatos previamente evaluados y órdenes de mérito establecidos, de manera que el procedimiento pueda avanzar con mayor previsibilidad cuando sea necesario cubrir un cargo. Lucarella vinculó este modelo con la posibilidad de disminuir los tiempos y limitar algunos de los márgenes de discrecionalidad que actualmente presenta el sistema.
En definitiva, el relevamiento presentado por ACIJ volvió a instalar una discusión central para el funcionamiento del Poder Judicial: cómo garantizar procesos de selección transparentes y rigurosos sin que la designación de magistrados se prolongue durante años.
Los datos expuestos durante la jornada reflejan que el desafío no se limita a mejorar los mecanismos de evaluación, sino que también comprende reducir los tiempos institucionales y evitar que la demora en la cobertura de vacantes termine afectando el servicio de Justicia.
